Con el presupuesto recién aprobado y en vías de imponer una nueva Constitución el gobierno deja escaso espacio para una concertación con la oposición y la sociedad civil

            La aprobación en primera lectura por el Senado de la convocatoria para conocer el proyecto de nueva Constitución del presidente Leonel Fernández tras la promulgación del presupuesto de este año deja poco espacio para una real concertación con los partidos políticos y la sociedad civil.

          Las primeras reacciones ante la convocatoria a una poco definida reunión Cumbre nacional tropieza con una profunda desconfianza en la vocación del gobierno para la concertación y con una larga tradición de burla a los acuerdos y consensos por parte del sistema político.

          La precipitación con que se ha convocado la cumbre para el 28 de este mes y la confusión en cuanto a la metodología a seguir tampoco abonan el terreno para un exitoso abordamiento de las urgencias económico-sociales y las transformaciones institucionales y estructurales que fundamenten el desarrollo nacional.

Confusa convocatoria

            Todavía ayer predominaba la confusión en torno a la metodología a seguir para la “Cumbre por la consolidación y ampliación de la gobernabilidad, la sostenibilidad macroeconómica y el desarrollo económico y social del país”, convocada la semana pasada por el gobierno, a través de la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo y el Consejo Económico, Social e Institucional (CESI).

          Al formular la convocatoria el jueves 8 parecía que la Cumbre fijada para el 28 de enero sería la culminación de un proceso más de consulta que de acuerdos, pero en las reuniones celebradas esta semana con diversos sectores, se les ha pedido que presenten no más de cinco temas que integrarán las prioridades a conocerse en el encuentro. Tony Isa Conde, asesor empresarial del Poder Ejecutivo precisa que será el lunes o martes próximo cuando se entregará oficialmente el procedimiento. Se contempla que la Cumbre establezca mesas de trabajo para establecer acuerdos sobre los temas coyunturales que serían adoptados el 27 de febrero. Desde entonces y hasta junio se buscaría consenso para un “plan de nación”.

          Dirigentes de la sociedad  civil se quejan de la premura con que se pretende abordar los problemas coyunturales, que ahora el gobierno considera “urgentes” después de meses desconociendo los reclamos de medidas para contener la crisis económica derivada tanto de políticas nacionales como de la crisis económica internacional. Se ha dado un plazo hasta el martes 20 para la presentación de las propuestas para enfrentar la crisis, las que deberán entregarse a la secretaría de Economía, lo que no deja espacio para una concertación previa entre organizaciones sociales.

Gran desconfianza

            En el primer encuentro del CESI -mecanismo de consulta con las organizaciones sociales que ha sido inoperante, y cuyo primer consenso para que el gobierno no se embarcara en la construcción del metro fue desechado- predominó la desconfianza y el reclamo de “verdaderas señales” de que esta vez los gobernantes respetarán los consensos.

          Varios de los dirigentes sociales, empresariales y académicos advirtieron que la convocatoria llegó tarde después que el gobierno hizo aprobar el presupuesto para este año, considerado deficitario y excesivamente fundado en incierto endeudamiento externo y peor cuando se insiste en aprobar una nueva Constitución mientras se realiza la cumbre. Plantearon que para dar credibilidad a la convocatoria el gobierno comience a cumplir acuerdos previos insatisfechos. Algunos adelantaron que participarían en la Cumbre pero bajo reservas y se afirma que ninguno ha tomado la convocatoria oficial con entusiasmo.

          Los medios de comunicación han recogido las expresiones de desconfianza en la vocación de diálogo del gobierno, especialmente de la Asociación Dominicana de Profesores, Participación Ciudadana, el Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo y el Foro Ciudadano. También de la Asociación de Jóvenes Empresarios, los industriales de Herrera y de rectores universitarios como los de de la UASD y el de APEC, Pedro Justo Castellanos, quien dijo que en una consulta con profesores la mayoría mostró descreimiento en la disposición de las autoridades al diálogo.

          En un extenso comunicado Participación Ciudadana condicionó su participación a que el proceso se conduzca sin apresuramiento, que se aplace la aprobación del proyecto de nueva Constitución, que se someta a discusión el presupuesto de este año y se parta de los acuerdos pactados en la última década. El presidente de ANJE, Ricardo Bonetti consideró que la convocatoria de una legislatura extraordinaria para aprobar la nueva Constitución “es extemporánea y descalifica el llamado a un pacto social”.

El padre Mario Serrano, director del Centro Juan Montalvo, expresó que hay razones para dudar de la sinceridad de la convocatoria, considerando contradictorio un presupuesto que no responde a la crisis y el festival de nombramientos en cargos inoperantes, que esta semana incluyeron 35 a peledeistas de Nueva York y otros 18 en el país, incluyendo asesores en automovilismo y en leguminosas.

De los partidos políticos solo el Reformista Social Cristiano, cada vez más cerca del gobierno, se ha mostrado dispuesto a participar en la cumbre. El Movimiento de Unidad y Cambio coincide con los condicionamientos de las organizaciones sociales. El Partido Revolucionario Dominicano, el principal de la oposición, tampoco se muestra receptivo a la invitación, con aparente predominio de quienes entienden que no pueden “ser comparsa del gobierno”, pero hay quienes creen que deben poner condiciones para participar en la Cumbre, pero aún estos creen que no serán acogidas.

Una reunión de la Comisión Política perredeista convocada para el jueves, que decidiría sobre la invitación, fracasó por las diferencias entre los dirigentes perredeistas no sólo en relación a la cumbre, sino también sobre la integración de la comisión que organizaría una Convención Nacional para elegir dirigentes, que era el primer tema de la agenda. Fue aplazada para el martes precisamente cuando concluye el plazo para presentar las prioridades a conocerse en la cumbre del día 28.

La nueva Constitución

La apertura de una legislatura extraordinaria realizada esta semana por el presidente Leonel Fernández  para convocar la Asamblea Nacional que aprobaría su proyecto de nueva Constitución  y su aprobación en primera lectura por parte del Senado este jueves con el expresado propósito de sancionarlo definitivamente el martes 20, conspira contra la posibilidad de una amplia concertación y podría provocar la abstención de numerosas organizaciones sociales y políticas.

El comunicado de Participación Ciudadana recoge los argumentos generalizados sobre la incongruencia de aprobar una Constitución mientras se convoca la cumbre, estimando que “Si el gobierno quiere real y sinceramente una concertación por la gobernabilidad está obligado a poner a consideración su proyecto de nueva Constitución que no ha sido consensuado con nadie, aunque fue precedido de una consulta muchos de cuyos resultados fueron ignorados o distorsionados”.

El movimiento cívico precisa que “resulta insostenible y hasta burlesco que se pretenda concertar un pacto para asegurar el avance en el desarrollo económico, social e institucional de la República como dice la convocatoria y que al mismo tiempo se pretenda imponer unilateralmente una nueva carta fundamental de la nación. Más contradictorio aún cuando se ha convocado a acordar un programa de trabajo que permita arribar a un gran pacto nacional entre los sectores políticos, sociales y económicos que plasme en una Estrategia Nacional de Desarrollo las prioridades nacionales y los objetivos de desarrollo para los próximos veinte años”.

Anteriores consensos

          Muchas de las organizaciones políticas y sociales consideran que un nuevo diálogo tendría que partir de los múltiples consensos establecidos con los tres partidos mayoritarios y sus respectivos gobiernos, parte de los cuales se han materializado en leyes que no se cumplen.

          Sobre la reforma constitucional hubo reiterados consenso en que se realice mediante una Asamblea Constituyente por elección popular y con representación de las organizaciones sociales. Citan el Diálogo Nacional del primer gobierno de Leonel Fernández, la Comisión Especial del gobierno de Hipólito Mejía, el Pacto por la Reforma Constitucional firmado por los tres partidos mayoritarios en el 2001 y la consulta popular que realizó el actual gobierno previo a la elaboración del proyecto que conoce el Congreso, en la cual el 68 por ciento de quienes se manifestaron sobre el tema favoreció la Constituyente.

          Pero lo mismo se citan las leyes incumplidas tras largos procesos de concertación como la que destina el 4 por ciento del PIB a la educación y el 10 por ciento de los ingresos fiscales a los ayuntamientos, la que pauta las contrataciones y compras del Estado, la ley que penaliza el robo de electricidad, la que instituye el Defensor del Pueblo y la ley de austeridad del 2007 entre otras incumplidas.

                    LEYES Y CONSENSOS FRUSTRADOS

                          (Recuento de Participación Ciudadana)

a)      La ley de austeridad del 2007

b)      El Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico del 2002

c)      El Pacto por la Reforma Constitucional del 2001

d)      Las propuestas de reformas constitucionales de la Comisión Especial del 2001

e)      Las resoluciones del Diálogo Nacional del 1997-98

f)        Los repetidos consensos para una Ley de Partidos Políticos

g)      El Consenso para una Ley de Participación Social

h)      La Ley General de Educación ( 1997)

i)        La Ley General de Municipios (2007)

j)        La Ley que instituye el Sistema Dominicano de Seguridad Social (2001)

k)      La Ley General de Presupuesto (2004)

l)        La Ley sobre Compras, Contrataciones y Concesiones del Estado (2006)

m)    La Ley General de Electricidad (2001)

n)      La Ley que sanciona el robo de electricidad (2007)

o)      La Ley de Función Pública (2007)

p)      La Ley de Libre Acceso a la Información (2004)

q)      La ley que instituye el Defensor del Pueblo (2001)

r)       La Ley General de Migración (2004)

s)       La Ley de Organizaciones sin Fines de lucro (2004)

t)        La Ley sobre Declaración Jurada de Bienes (2006)

u)      Las leyes de control del Estado: Contraloría y Cámara de Cuentas