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Participaci�n Ciudadana exige al Ministerio P�blico no declararse �derrotado� frente a los actos de corrupci�n administrativa

2013-05-27 09:13:32

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, hace de público conocimiento su profunda preocupación por la insuficiencia y naturaleza de los argumentos utilizados por la Fiscalía del Distrito Nacional en su decisión de archivar de manera definitiva la querella interpuesta por Guillermo Moreno en contra del expresidente Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), por corrupción y lavado de activos.

La Fiscalía, como institución encargada de realizar la investigación (Artículo 88 del Código Procesal Penal), no cumplió a cabalidad con su responsabilidad de llevar a cabo todas “las diligencias pertinentes y útiles”, para poder determinar si efectivamente ocurrió un hecho punible por la ley y quien o quienes serían los responsables. Solo al final de una investigación profunda y exhaustiva estaría la Fiscalía, en posición de tomar tan trascendental decisión.

La Fiscalía se limitó a escudriñar los escritos del querellante y del querellado, “llamando ‘indelicadezas’ a acciones (del querellado) que deben ser sancionadas penalmente” y que sirvieron de base a la querella, pero rechazando efectuar diligencias de investigación por estar convencida, a priori, “que por la deficiencia del sistema legislativo dominicano(…)no es posible imputar determinadas conductas” como punibles, sin determinar si, por ejemplo, alguna “donación” a FUNGLODE se realizó por soborno o extorsión, en cuyo caso dejaría de ser una simple “indelicadeza”.

Las afirmaciones de la titular de la acción penal en el Distrito Nacional permiten la interpretación de que no existe independencia funcional y capacidad de actuación del Ministerio Público.

Participación Ciudadana no puede dejar de manifestar su seria inquietud ante el reconocimiento implícito del Ministerio Público, de que se siente “derrotado” frente al combate contra la corrupción administrativa debido a una insuficiencia legislativa, enviando un mensaje sumamente perjudicial a la ciudadanía, de que la lucha contra la corrupción es imposible frente a la carencia de normas que paralizan su actuación.

El cambio de la c�dula debe dejarse para un momento m�s oportuno

2013-05-08 11:01:42

La Junta Central Electoral pretende embarcarse en un proyecto de cambio total de la cédula de identidad y electoral en un momento en que su situación financiera no le permite avanzar en todos sus proyectos al mismo tiempo y posee otras prioridades con mayor nivel de urgencia.

La situación financiera actual de la JCE ha sido definida como dramática por su propio presidente, quien señaló que arrastra un déficit multimillonario de las últimas dos elecciones, que el presupuesto del 2013 no le permitirá solventar. En estas condiciones la JCE planea embarcarse en un proyecto cuyo costo sobrepasa su presupuesto completo del 2013, que implicará un endeudamiento que requerirá aprobación congresual, sin que exista una situación de urgencia que lo justifique.

La cédula actual es lo suficientemente segura para resistir hasta que las circunstancias económicas de la JCE y del Estado cambien y permitan su sustitución por un nuevo documento. Con la cédula actual, aún vencida, la ciudadanía concurrió a alecciones hace apenas un año, sin que se generara ninguna dificultad. Bastaría con que en caso de deterioro del plástico, la JCE mantenga el servicio de reposición en forma ágil y puntual.

No cabe duda de que una nueva cédula que incorpore los últimos avances en materia de seguridad, incluyendo las huellas digitales, haría este documento de identidad mucho más confiable, y de que el país en algún momento deberá embarcarse en este proyecto, pero entendemos que este no es el momento apropiado, justo cuando el Estado acaba de salir del año en que se acumuló el mayor déficit de toda su historia, parte del cual corresponde a la JCE.

Si se identifican fondos que pueden ser utilizados en mejorar los trabajos de la JCE, deberían destinarse a conjurar el gravísimo problema denunciado por el presidente Medina, quien señaló que el 20% de los niños menores de cinco años se quedan sin ser registrados en las oficialías del Estado Civil. Esto significa uno de cada cinco que nacen, casi en su totalidad de los estratos más pobres de la sociedad, y cuyo futuro fue descrito de la siguiente forma por el presidente Medina: “Un niño cuyo nacimiento no se registra le será más difícil recibir los servicios de salud, educación y el resto de derechos que debe garantizar el Estado Dominicano.”

Participación Ciudadana aspira a que el tema sea debatido por todos los sectores interesados, que se produzca una profunda reflexión que contribuya a colocar las distintas prioridades de la JCE en su justo lugar.

CONSEJO NACIONAL
Mayo 8, 2013.

Feria de Administraci�n P�blica y Sociedad Civil

2013-05-07 15:24:45

El Ministerio de Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) Oxfam y Participación Ciudadana anunciaron hoy la celebración de la primera Feria de la Administración Pública y la Sociedad Civil, donde serán presentados los más importantes avances y desafíos de la gestión estatal en República Dominicana.

Del 15 al 17 de mayo, en la Plaza España de la Ciudad Colonial, un amplio programa de talleres, obras de teatro, charlas educativas, exposiciones visuales, conciertos populares, conferencias y otros eventos informativos, reflexivos, lúdicos y pedagógicos servirán de plataforma para el encuentro de la ciudadanía y las organizaciones sociales con los servidores públicos, sus logros, proyectos y temas pendientes de superar.

El acto de apertura se realizará en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones (Isabel La Católica esquina Emiliano Tejera), el miércoles 15 de mayo a las 6:00 de la tarde, con la presencia del ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo; el coordinador general de Participación Ciudadana, Roberto Álvarez; y los representantes en el país de Oxfam y la Unión Europea. La Feria se enmarca en el Programa Participación de la Sociedad Civil en la Reforma y Gestión de la Administración Pública, y cuenta con el respaldo de la Dirección General de Cooperación Multilateral (Digecoom).

El evento busca que niños, jóvenes y adultos de los diferentes sectores de la sociedad dominicana conozcan cuáles son las mejores prácticas de la administración pública nacional y cómo el sector oficial y la ciudadanía pueden trabajar juntos para reproducirlas favorablemente en toda la estructura del Estado. La convocatoria está dirigida de manera especial a los liceos, escuelas, universidades y agrupaciones juveniles, porque serán las nuevas generaciones las responsables de proteger y expandir mañana las conquistas de hoy. El anuncio fue hecho por el ministro Ventura Camejo y Rosalía Sosa durante una rueda en las instalaciones de Participación Ciudadana.

Esta es una actividad de intercambio entre el Estado y la sociedad, donde se habilita un espacio abierto (tanto en participación, como en localización) en donde Instituciones del Estado puedan acercarse a la población y compartir los resultados de su desempeño en la gestión de las instituciones que representan, un momento de rendición de cuentas. Alrededor de la feria se organizarán charlas formativas e informativas, paneles de discusión, presentaciones de memorias institucionales, en fin será la posibilidad que puedan confluir distintas actividades e instancias vinculadas al proyecto. Contará, además, con participación de expertos internacionales, sobre todo de aquellos países con reformas de la Administración Pública exitosas.

La Feria de la Administración Pública y la Sociedad Civil se realiza en el marco del Programa: “Participación de la Sociedad Civil en la Reforma y la Gestión de la Administración Pública”, un proyecto orientado a la mejora de la Función Pública, con el propósito de fortalecer la Administración Pública, su eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, a partir de la profesionalización, aplicación de las normativas de la función pública y la implementación de políticas públicas que priorice a la población más vulnerable.

PC reclama cumplimiento cabal de la constituci�n y de la ley al seleccionar al defensor del pueblo

2013-04-12 11:00:24

Participación Ciudadana manifiesta su satisfacción de que la Cámara de Diputados haya finalmente cumplido con la Ley No. 19-01, después de doce años de reclamos para que fuera seleccionada la terna de candidatos a los cargos de Defensor del Pueblo, suplentes y adjuntos.

El movimiento cívico apartidista espera que el Senado de la República cumpla con su sagrado deber y seleccione a la mayor brevedad posible, de la terna aprobada por la Cámara, el Defensor del Pueblo, suplentes y adjuntos, en pleno cumplimiento de la Constitución y de la ley.

El Defensor del Pueblo es una autoridad neutral y con independencia funcional que contribuirá a la salvaguarda de los derechos fundamentales y los intereses colectivos y difusos establecidos en la Constitución y en las leyes, en el caso de ser violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares. De igual manera, puede fungir como mediador en demandas colectivas, imponer amonestaciones a funcionarios públicos, así como recomendar al superior jerárquico sanciones de un funcionario que no cumpla con su deber.

Otras funciones son las de depositar memoriales de apoyo (amicus curiae), interponer acciones de inconstitucionalidad, acciones de amparo en interés de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos, cuando estos sean violados, amenazados o puestos en peligro por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares. Así como también, solicitar el amparo de cumplimiento para la defensa de los derechos colectivos y del medio ambiente o intereses difusos o colectivos para hacer efectiva el cumplimiento de una ley o acto administrativo.

Participación Ciudadana recuerda la alta responsabilidad del Senado en su elección, ya que el Defensor del Pueblo debe tener un amplio conocimiento de la administración pública y de la gestión gubernamental, y sentará las bases para la creación de una institución creíble y legítima, para la salvaguarda de los derechos fundamentales y el correcto funcionamiento de la administración pública en la República Dominicana.

PC demanda implementaci�n de la carrera docente y la dignidad salarial como garant�a de una educaci�n de calidad

2013-04-09 12:17:24

La Mesa de Expertos en Función Pública que el día de hoy abordó la “Carrera Docente en la República Dominicana: Retos y Perspectivas”, fue coordinada por Participacion Ciudadana y por el Ministerio de Administración Pública, en el marco del Proyecto “Sociedad civil dominicana monitoreando la reforma la Administración Pública y su impacto en la calidad de los servicios públicos” con el apoyo de la Unión Europea.

Esta Mesa de Expertos en Función Pública, es un espacio de diálogo y reflexión Estado-sociedad civil, para contribuir con la búsqueda del consenso político para la efectiva implementación de la Ley de Función Pública, mediante el establecimiento de intercambios y concertación sobre los temas relativos a los recursos humanos en la Administración Pública y los retos que enfrenta la sociedad dominicana para superar las dificultades en este tema.

Ahora que se aplica el 4% del PIB al sector de la educación pública Inicial, Básica y Media, este momento debe ser una oportunidad para que se implemente la Carrera Docente que, como toda carrera administrativa, debe seleccionar los mejores docentes, ofrecer estabilidad y profesionalización, garantizar calidad de vida a los/as maestros/as, practicar la evaluación del desempeño, como crítica, auto crítica y superación de las fallas, y promover las buenas prácticas, premiando a sus autores.

La ciudadanía debe exigir al Ministerio de Educación y al Ministerio de Administración Pública el cumplimiento de la Ley de Educación, que en su artículo 132 establece que el Estatuto del Docente es el conjunto de disposiciones legales que tiene por objeto reglamentar las relaciones mutuas del Estado con los docentes (activos, pensionados y jubilados) y garantizar la calidad de la educación mediante la selección, evaluación y promoción del personal docente, sobre la base de méritos y aptitudes, y atendiendo a los intereses de los educandos, los padres de familia y la comunidad.

La efectiva aplicación de la Carrera Docente permitiría la vinculación del servidor de la educación con el conjunto de disposiciones organizativas y legales que regulan el ingreso, la permanencia, la promoción, así como sus deberes y sus derechos laborales.

La Carrera Docente comprende también el conjunto de disposiciones relativas a la clasificación y valoración de cargos, el reclutamiento, la selección, el nombramiento de personal, la estabilidad, promoción y evaluación del personal, que brinden a la educación los mejores recursos humanos.

En ese sentido Participación Ciudadana exhorta a que se establezca un régimen especial que garantice la estabilidad del docente y que contemple, entre otros, los aspectos de: ingresos, normas de trabajo, remuneración, profesionalización, perfeccionamiento, bienestar de los docentes, protección, seguridad, derecho de organización, promoción, ascenso, traslado, licencia, vacaciones, regalía pascual, sanciones, pensiones y jubilaciones.

El Coordinador General de Participacion Ciudadana expreso que “el Estado a experimentó en los últimos años un amplio proceso de reforma que es nuestro interés sea más participativo, eficiente y de calidad”.

En la actividad el Lic. Roberto Álvarez también expresó que en el caso de la Función Pública y de la Administración en general, existe una dinámica propia, como parte del complejo estatal y que ésta con frecuencia marcha con retrasos con respecto a la dinámica social y la actuación de los sujetos sociales. La cultura organizacional, la pesada burocracia y el carácter monopólico del Estado en algunos ámbitos, entre otros aspectos, representan barreras para la reforma del sector público.

Por eso, a veces ocurren reformas políticas, pero la Administración no cambia, o lo hace mínima y lentamente. La rutina burocrática, que especializa y hace eficiente los servicios públicos, lleva consigo el riesgo del acomodamiento y de la deshumanización.

Esta Mesa de Expertos que desarrollamos en el día de hoy sobre la Carrera Docente la consideramos fundamental, por ser parte íntegra de la preocupación número uno de la sociedad dominicana en los últimos años: lograr una educación de calidad.

Para hablar de la calidad en la educación, necesariamente debemos impulsar el Estatuto Docente, que tiene por objeto precisamente, “garantizar la calidad de la educación mediante la selección, evaluación y promoción del personal docente, sobre la base de méritos y aptitudes, y atendiendo a los intereses de los educandos, los padres de familia y la comunidad”, al tiempo que se garantiza un salario digno y justo.

PC Lamenta Lentitud e Incumplimiento del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad

2013-04-01 21:39:38

El Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad de la República Dominicana, fue firmado por el Lic. Danilo Medina Sánchez, en el cual se comprometió y pactó, con Participación Ciudadana, Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional, el cumplimiento de veinte un (21) puntos para el fortalecimiento de la administración pública, impulsar las medidas contra la corrupción, por la transparencia y la institucionalidad en caso de ser electo Presidente de la República Dominicana.

Participación Ciudadana ha realizado un Monitoreo al “Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad”, desde el 16 de agosto del 2012 al 28 de febrero del 2013, con el objetivo de dar seguimiento a su cumplimiento y presentar un Primer Informe al país sobre los avances, retos y dificultadas en la implementación de los compromisos asumidos por el Presidente Medina, en el cual se observa una débil acción del Presidente para asumir las obligaciones asumidas, ya que de las 21 medidas 11 han sido evaluadas, de las cuales el 63% han sido incumplidas, el 27% están en proceso y sólo el 9.9% se valora como cumplida, medidas en su conjunto que constituyen compromisos referidos a la lucha contra la corrupción, la transparencia y la institucionalidad.

Resultados del Cumplimiento del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad

No cumplió con la estandarización de las informaciones en los portales Web de las instituciones públicas en el plazo de los 150 días de gestión como indicaba el Protocolo, lo que evidencia que aún no se implementa el proceso de sistematización de la información.
No se aplica la Cuenta Única del Tesoro de manera integral por lo que no se ha dado cumplimiento en el plazo de ciento treinta días (130) pautado, poniendo al desnudo la falta de voluntad política y de acción colectiva de los responsables de dar seguimiento a éste compromiso.
A la fecha varias estructuras orgánicas de la administración pública fueron eliminadas otras fueron unificadas, pero la nómina pública no ha sido reducida por este concepto, muy por el contrario ha ido en aumento, no sólo en número de personas sino también en el monto de los salarios. Las medidas de disminución de estructuras orgánicas no son significativas, dado el impacto de desempeño de las mismas y las pronunciadas duplicidades existentes, llama la atención la creación de una serie programas, comisiones e instancias que podrían estar originando nuevas duplicidades.
En relación a los nombramientos Ministros y Viceministros, lamentamos la violación del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece de manera clara y precisa, que la ley determinará los viceministros que se necesitan en cada ministerio y nunca más de 6, lo que quiere decir que previo a la designación de un tope de 6 viceministros, la administración pública debió contar con un marco normativo que indique sobre la base del principio de racionalidad, cuántos y cuáles viceministros necesita cada ministerio de acuerdo a un perfil establecido y las competencias requeridas, labor que no se ha realizado aún, sino que se procedió a nombrar en cada ministerio de 5 a 6 viceministros sin determinar las necesidades de los mismos. Pero más grave aún es el hecho que si bien se han suprimido mediante Decreto al menos 137 posiciones a viceministros y subdirectores generales, lo que aparenta ser una formalidad ya que se ha identificado en algunos casos que los ministros y viceministros salientes han sido nombrados asesores o reubicados en funciones creadas, situación que supera la racionalidad administrativa y desdice de la austeridad proclamada y el sacrificio solicitado al pueblo dominicano.
No se ha realizado ninguna acción para asegurar que el servicio exterior transite el camino de la profesionalización. A la fecha, a seis meses del gobierno del Presidente Danilo Medina, el país lidera a la representación diplomática y consular con mayor número de miembros, compitiendo con las grandes potencias económicas. En ese sentido, no se observa iniciativas para la aprobación e implementación de la Ley de Carrera Especial Diplomática y Consular lo que contribuye a mantener los mismos nombramientos existentes y realizar nuevos nombramientos, lo que claramente nos indica que no hay una política clara de recursos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.
En torno a las Declaración Jurada de Bienes de los funcionarios salientes y entrantes, que debieron realizarse en los treinta {30) días siguientes a su nombramiento, de los 21 Ministerios, se ha podido determinar que 14 Ministros han depositado su declaración jurada de bienes. Los 7 restantes no se identifican puesto que no están disponibles en el portal de transparencia del Ministerio correspondiente. Tales son los casos de los Ministerios de Educación Superior, Fuerzas Armadas, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Obras Públicas, Salud Pública y Trabajo. Por otro lado, el Poder Ejecutivo ha impulsado por decreto mediante la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental el seguimiento a los funcionarios salientes y entrantes a la presentación jurada de bienes y recomendar sanciones a aquellos que no han cumplido con la ley, así como mediante el numeral 6 del Código de Pautas Éticas, para que los funcionarios públicos depositen en detalle sus declaraciones juradas. En síntesis, no obstante todas estas iniciativas, a la fecha no se ha presentado a la sociedad dominicana un informe de verificación de las declaraciones como se estableció en el compromiso en un plazo de ciento veinte días (120) días.
En relación a las Iniciativas Legislativas Pendientes: Ley Integral de Declaración Jurada de Bienes, Enriquecimiento Ilícito, Ley General de Salarios. Lamentamos que por sexta vez se somete el proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito y aun no es aprobado no obstante el amplio consenso de esta pieza legislativa. Igual suerte corre el Proyecto de ley de Salarios, el cual continúa en un limbo en el Congreso Nacional.
Las acciones y políticas de Prevención según Ley de Función Pública y Ley de Compras y Contrataciones. Si bien es cierto que con la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental se percibió que se daría un impacto contundente a las acciones y políticas de prevención para evitar las violaciones del régimen ético de los servidores públicos, esta medida no ha sido lo suficientemente disuasiva en el comportamiento de los servidores públicos, pues subyace la percepción de que la corrupción continúa en el sector público.
En relación al impulso de la Transparencia en las Industrias Extractivas. A la fecha no registramos ninguna acción o política concreta para el impulso desde el Gobierno dominicano de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la cual tiene como propósito monitorear este sector para aumentar la transparencia acerca de pagos por empresas privadas y entidades ligadas al gobierno así como también aumentar la transparencia sobre los ingresos recibidos por las operaciones en el país.
En cuanto a la austeridad en el uso de la publicidad gubernamental es importante reconocer que se percibe una disminución sustancial del gasto en publicidad oficial, por lo que en éste renglón se puede valorar que se ha cumplido con este compromiso, con mínimas excepciones. Está pendiente, que la Dirección General de Comunicación (DICOM) diseñe la normativa que regulará los gastos de publicidad y propaganda del sector público, para que publicaciones gubernamentales sean realizadas con criterios racionales y útiles a la ciudadanía.

Matriz de Cumplimiento del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad

Medida	No Cumplida	Parcialmente Cumplida	Cumplida	Totalmente Cumplida
5	X
6		X
7	X
8	X
9	X
12		X
13	X
14	X
15		X
16	X
21			X

Consejo Nacional
Abril 1, 2013

Participaci�n Ciudadana Apoya Renegociaci�n con Barrick Gold

2013-03-19 13:49:23

Participación Ciudadana apoya firmemente la posición del gobierno de renegociar los aspectos fiscales del contrato original con la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, en virtud de las cambiantes circunstancias internacionales en los precios del oro que han intervenido desde las negociaciones originales del 2002 y del 2009, en los mercados de metales internacionales. Respalda, por tanto, los esfuerzos, dentro del marco jurídico del país, para que se logre una nueva redistribución del inesperado excedente de los ingresos extraordinarios de la compañía multinacional, a la vez que aplaude que esos nuevos recursos del Estado sean utilizados exclusivamente, como solemnemente manifestara el presidente Medina en su discurso ante la Asamblea Nacional y el pueblo dominicano el pasado 27 de febrero, para “la inversión social y (el) combate a la pobreza”.

En vista de la importancia que la inversión extranjera directa desempeña para el desarrollo nacional, como lo expresara el presidente Medina, es esencial dejar constancia que el caso de la Barrick Gold debe ser enfocado como una situación única y sui géneris, en particular, dado el contexto social, político y económico del país, los niveles de corrupción y las prácticas de puertas giratorias que ha capturado al Estado dominicano. Decimos esto, porque la seguridad jurídica de los contratos, en particular los que tienen una dimensión internacional, es el fundamento sobre el cual se sustenta el buen nombre e imagen del país.

El movimiento cívico apartidista Participación Ciudadana, exige un control absoluto de nuestras aduanas, para todas la inversiones, nacionales y extranjeras, así como un seguimiento detallado y transparente de las proporciones de oro, plata, doré y otros metales exportados, con apego irrestricto a las leyes. Las operaciones de la multinacional deben estar sujetas a inspección y comprobación de su veracidad, para erradicar procedimientos contables que promueven la opacidad y la confabulación entre empresa y funcionarios públicos al servicio de intereses privados y en detrimento del interés nacional.

De igual manera, reclama políticas de absoluta transparencia y rendición de cuentas en la relación entre el Estado y la empresa extractiva, sobre los ingresos percibidos por las autoridades, en particular, todos los pagos que la empresa realice al gobierno dominicano.

Advertimos que, con cierta frecuencia, las prácticas en otros países de las empresas extractivas tiende a la discrecionalidad, el ocultamiento de información, el doble registro y la evasión de impuestos, situación que obliga a los ciudadanos a reclamar extrema vigilancia y al gobierno central a mantener una alerta continua, de forma tal que se eliminen las posibilidades de ser sorprendidos con tales hábitos.

Aprovechamos, además, para exhortar al Congreso Nacional, en el sentido de que el proceso de revisión del contrato con la Barrick Gold sea acompañado por una amplia participación de todos los sectores de la sociedad dominicana. En consecuencia, hacemos un llamado a la celebración de Vistas Públicas en su momento, para que no repita su previa negligencia de no haber legislado y fiscalizado oportunamente en representación del pueblo, como ordena el artículo constitucional 93, otorgando privilegios, sin leer el contrato, en perjuicio del Estado dominicano.

De igual manera, queremos recordar a cada miembro del Poder Legislativo que deben actuar “siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas”, y no responder a mandatos contrarios al interés nacional remitidos desde el Poder Ejecutivo, como sucedió, de acuerdo a las denuncias de varios legisladores, cuando el presidente Leonel Fernández Reyna ejerció presión para la aprobación de dicha enmienda, en franca violación al mandato constitucional de separación de poderes del Estado, así como también, las directrices enviadas a sus legisladores, por los altos dirigentes de los partidos revolucionario dominicano y reformista social cristiano, para que aprobaran la enmienda al contrato con escaso conocimiento y reflexión.

Participación Ciudadana aprovecha la oportunidad para recordar el compromiso número 16 del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad, suscrito el 7 de mayo de 2012, por el entonces candidato Danilo Medina, hoy Presidente de la República, para “Emprender en el país la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) que promueve Transparencia Internacional, la cual procura lograr transparencia en los contratos de exploración y explotación firmados por el Estado con empresas mineras y la rendición de cuentas sobre el uso de los ingresos fiscales provenientes de ese sector”

Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, manifiesta la necesidad de impulsar esta herramienta de transparencia para la industria extractiva, esfuerzo que debe ser llevado a cabo por el gobierno, empresas y grupos de la sociedad civil, quienes en alianza estratégica, deben informar a la ciudadanía acerca de los pagos realizados por la Barrick Gold, los ingresos recibidos por el Estado de las actividades de minería, y el destino de dichos recursos, los cuales deben contribuir al desarrollo sostenible y la disminución de la pobreza.

En un país como República Dominicana, con abundancia de recursos naturales no renovables, pero con un Estado de débil institucionalidad, de fácil cooptación de los órganos de fiscalización y control, con un marcado índice de alta percepción de corrupción, es una obligación promover la movilización de la ciudadanía en el monitoreo de dichas riquezas para que su explotación e ingresos sean utilizados en beneficio de las clases más necesitadas del país.

Participación Ciudadana reafirma su inalterable compromiso de dar seguimiento al proceso de renegociación de las condiciones lesivas contenidas en la “Enmienda al Acuerdo Especial de Arrendamiento de los Derechos Mineros” de fecha 10 de junio del 2009, así como el de velar que no sean vulnerados los intereses económicos del pueblo dominicano; posición valorada por el Presidente Medina Sánchez como “sencillamente inaceptable”.

CONSEJO NACIONAL
19 de Marzo de 2013

Participaci�n Ciudadana rechaza abuso contra Mario Serrano

2013-03-12 13:11:00

Participación Ciudadana manifiesta su más firme rechazo a la inexplicable detención y posterior puesta en libertad del jesuita Mario Serrano y de otras 15 personas que lo acompañaban, mientras ejercían pacíficamente sus derechos constitucionales de reunión y de libre expresión de sus ideas y opiniones, durante una vigilia que iniciaban frente a la Junta Central Electoral (JCE) de la ciudad de Santo Domingo.

De acuerdo a los informes de prensa, la vigilia fue violentamente atacada por los agentes de la Policía Nacional, y el padre Serrano y acompañantes fueron llevados al destacamento de la Policía Nacional ubicado en el sector de Las Caobas del municipio de Santo Domingo Oeste.

Participación Ciudadana considera incomprensible la acción violenta de la Policía Nacional y exige el respeto al padre Serrano y sus acompañantes, así como también reclama sanciones a los responsables de dicha arbitrariedad. Asimismo, solicita que, de comprobarse la veracidad de la denuncia de que los agentes rompieron computadoras portátiles y otros equipos pertenecientes a miembros del grupo, estos sean compensados por dichas perdidas.

La intención del grupo de ciudadanos es la de llevar a cabo una vigilia-ayuno pacifica de tres días, en reclamo de que se les devuelva los documentos que acreditan la nacionalidad de numerosos dominicanos de ascendencia haitiana, y que alegan les han sido despojados por la JCE.

La democracia se fortalece cuando las voces críticas en el seno de la sociedad reciben de parte de las autoridades no solo la más amplia oportunidad de manifestarse sino también una responsable protección, bajo el convencimiento de que el ejercicio pacífico y transparente de los derechos ciudadanos contribuye a construir un mejor país.

Participaci�n Ciudadana eval�a el discurso de rendici�n de cuentas del presidente Medina

2013-02-28 11:49:11

Participación Ciudadana desea resaltar que en el acto de rendición de cuentas del Presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional y la Nación, existió cierta congruencia con su discurso de toma de posesión, en cuanto a su compromiso con la educación, salud, vivienda, seguridad ciudadana, atención al campo, medio ambiente, derecho de propiedad, turismo, sector energético y MIPYMES, entre otros.

Sin embargo, fueron notorias las omisiones en relación a su compromiso de luchar contra la corrupción, fortalecer el Ministerio Público, reducir la burocracia estatal, profesionalizar y racionalizar el servicio exterior, promover la equidad de género, brindar atención a la juventud, la crisis magisterial y en no rendir cuentas a la Nación en relación al uso de los recursos públicos, en particular sobre el déficit fiscal del 2012, que alcanzó según el FMI al 8.5% del PIB. Los orígenes y causas de este déficit fiscal son temas fundamentales ya que estos no sólo gravitan sobre la vida nacional hoy día, sino que además condicionan el presupuesto del 2013 y su financiamiento. En este sentido, el Jefe de Gobierno no hizo mención alguna sobre cómo piensa financiar los US$3,000 millones de dólares que serán necesarios para la expansión de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica.

Como manifestara el presidente Medina, la asignación del 4% del PIB para la educación preuniversitaria es un deber sagrado de todo gobernante. Dado los problemas identificados en relación al desayuno escolar deseamos valorar positivamente el énfasis que asignó a la importancia de la calidad, salubridad y dignidad de todos los niños y jóvenes que reciben de manos del Estado la asistencia alimentaria escolar. De igual manera, saludamos el Plan Integral de Protección a la Infancia, así como la atención a los niños y niñas con discapacidades, por su vulnerabilidad especial. Vale la pena resaltar que el universo de personas con discapacidades alcanza un 12,3% en nuestro país, lo que significa más de 1, 200,000 personas. Estableció, además, como meta lograr que no muera una sola madre en los hospitales por falta de atención médica adecuada y en ese sentido, detalló las inversiones que lleva a cabo para mejorar la infraestructura hospitalaria, el suministro de medicamentos, el establecimiento de farmacias en cada municipio del país y en ampliar la cobertura del seguro familiar de salud.

También se comprometió a expandir el número de viviendas de interés social, atendiendo prioritariamente a sectores de la población en mayor riesgo, y subrayó la importancia de los proyectos de vivienda mediante el mecanismo de fideicomiso, que se nutrirá de fondos públicos y privados.

Sobre el fundamental tema de la seguridad ciudadana, el presidente se limitó a anunciar que su gobierno ha venido trabajando en un Plan Nacional de Seguridad el cual será divulgado a la ciudadanía en el mes de marzo. Participación Ciudadana no puede dejar de reflejar su insatisfacción por la forma tan escueta de tratar un tema crucial para el bienestar y la tranquilidad de la población dominicana, cuyas raíces afectan la paz y convivencia social.

La atención al campo como eje transversal de la creación de empleo, facilitación del crédito agrícola, la producción y exportación de productos agropecuarios y la reducción de la desigualdad existente entre el área rural y el área urbana, y su apoyo en general al campo, recibió una atención considerable de parte del presidente como una política de desarrollo integral.

En cuanto al medio ambiente, el jefe de gobierno hizo una referencia muy breve reduciendo dicha mención a la siembra de unos 6 millones de nuevos árboles y al diseño de una política de protección y vigilancia de algunos parques nacionales. Subrayó que el derecho de propiedad es fundamental para el desarrollo y reiteró su compromiso de que el Estado continuará su esfuerzo por promover la expedición de 150,000 títulos de propiedad, e hizo un llamado al Poder Judicial, en particular, a la jurisdicción inmobiliaria de aunar esfuerzos en el fortalecimiento de la gestión y la simplificación de los procesos.

Participación Ciudadana no puede dejar de señalar su profunda sorpresa de que el presidente Medina no reiterara su firme compromiso de continuar con sus esfuerzos por resolver el caso relacionado a la apropiación fraudulenta de títulos en Bahía de las Águilas, sobre todo cuando éste caso aún late en el corazón del pueblo dominicano. Reafirmamos nuestro compromiso de dar seguimiento a todos los procesos, hasta lograr la restitución de las tierras a su legítimo propietario, el Estado dominicano.

El turismo, recibió una breve mención aunque dijo que el sector goza de buena salud. Sobre el sector energético manifestó que es una preocupación nacional que afecta a todos, reafirmando el compromiso de ser resuelto de forma definitiva para el fin de su mandato presidencial, proponiendo una estrategia fundada en el aumento del gas y el carbón y la disminución de la dependencia del petróleo, para solucionar de una vez por todas, este lastre que sigue frenando el desarrollo del país.

Participación Ciudadana considera incongruente que la única mención en el largo discurso del presidente Medina sobre la “impunidad” fuera reservada exclusivamente para la persecución del hurto eléctrico. Sin embargo, consideramos una omisión inaceptable que la corrupción no haya sido incluida por el presidente como parte fundamental de su discurso, como sí hiciera el pasado 16 de agosto cuando se comprometió a combatir la corrupción y a ser implacable con todos los deshonestos. Resulta imposible llevar a cabo una lucha sostenida y profunda contra la corrupción pública y el crimen organizado sin un Ministerio Público capacitado, comprometido y funcionalmente independiente. Esta omisión en el discurso de rendición de cuentas resulta incomprensible ya que la reducción de la violencia, base de la inseguridad ciudadana, resulta impensable sin un Ministerio Público proactivo y eficiente.

Asimismo, la falta de mención de una reducción de la supernumeraria burocracia estatal, incluyendo el servicio exterior, contradice el énfasis que el presidente Medina atribuyó a su plan de austeridad. Brillaron por su ausencia mención alguna a la equidad de género y a la atención a la juventud, sobre todo en vista de las amplias valoraciones que hiciera el presidente en su discurso de toma de posesión, que hasta el momento no se han traducido en políticas públicas.

El movimiento cívico apartidista apoya firmemente la posición del gobierno de renegociar el contrato con la Barrick Gold, en virtud de las cambiantes circunstancias internacionales que han intervenido desde las negociaciones originales del 2002 y del 2009, en los mercados de metales internacionales. También respalda los esfuerzos, dentro del marco jurídico, para que se logre una nueva redistribución de los ingresos de la compañía multinacional, a la vez que aplaudimos que esos recursos extraordinarios del Estado sean utilizados prioritariamente para proyectos sociales dirigidos a las clases más necesitadas del país.

Participación Ciudadana considera como una injusticia para el pueblo dominicano el silencio del presidente Medina en relación al déficit fiscal del 2012, dada su magnitud, la falta de transparencia sobre sus causas, e inexistente rendición de cuentas; responsabilidad que hoy le compete al Presidente Constitucional de la República como heredero de dicha situación en virtud de la continuidad del Estado.

CONSEJO NACIONAL
Febrero 28, 2013

Participaci�n Ciudadana valora positivamente decisi�n del Gobierno de desestimar el Acto Transaccional sobre Bah�a de las �guilas

2013-02-22 15:19:39

La decisión del gobierno del presidente Danilo Medina de invalidar la decisión mediante la cual el Estado dominicano reconocería los fraudulentos títulos de propiedad de Bahía de las Águilas, robados al pueblo dominicano, es un acto que amerita valorar como positivo.

Es fundamental reconocer que la contundente voz de rechazo proveniente de los más diversos sectores de la sociedad dominicana fue un factor ineludible para el gobierno del presidente Medina. Esta unidad de propósito demuestra que -como en el caso de los Haitises y en el del 4% para la educación- la reafirmación activa por los ciudadanos de los principios y valores sobre los cuales deseamos sustentar la democracia dominicana es no solo un derecho sino un deber constitucional irrenunciable. Construir una democracia de calidad requiere un esfuerzo continuo de todos y todas para lograr una genuina democracia de ciudadanos e instituciones.

Deseamos felicitar al presidente Medina por escuchar a la opinión pública y corregir con celeridad la decisión inicial de su gobierno. Respaldamos asimismo su oportuna instrucción al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y a la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, de asumir la responsabilidad de defender el interés del Estado por recuperar los terrenos robados de Bahía de las Águilas, ocurrido con la autoría y complicidad de autoridades corruptas de gobiernos pasados.

Continuaremos vigilando, y respaldando, las medidas tomadas por el gobierno, en particular daremos seguimiento al Ministerio Público y al Poder Judicial, hasta que se logre la restitución definitiva de este inalienable patrimonio nacional. En este sentido, hacemos un llamado a las autoridades a mantener a la Nación debidamente informada de todos los pasos que el gobierno considere oportunos hasta obtener el objetivo deseado. La transparencia es fundamental para lograr el pleno respaldo del pueblo.

Participación Ciudadana apoya firmemente el justo propósito del gobierno de sacar de la miseria y el abandono a la población del suroeste del país y, en ese sentido, favorecerá las medidas de desarrollo, dentro del Presupuesto Nacional y nuestra legislación, que considere indispensables y oportunas para lograr este cometido.

Consejo Nacional
Febrero 23, 2013

El acuerdo de Bah�a de las �guilas es inaceptable por ilegal e inmoral

2013-02-20 15:49:24

La decisión del presidente Danilo Medina de llegar a un acuerdo con las personas que adquirieron ilegalmente terrenos alrededor de Bahía de Las Águilas lo hace cómplice de una larga cadena de violaciones legales y constitucionales y resta calidad moral a las autoridades instaladas el pasado 16 de agosto.

El decreto firmado por el presidente Medina otorgando poder al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo para desistir de las justas demandas del Estado dominicano que persiguen recuperar los terrenos robados al Estado en Bahía de Las Águilas y premiar con un 45% del valor de tales inmuebles a los adquirientes ilegales, implica el rompimiento de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.

Los adquirientes ilegales que han resultado beneficiarios de esta decisión presidencial no pueden atribuirse la calidad de terceros adquirientes de buena fe en una operación que no cumplió con requisitos legales que no pueden ser desconocidos por ninguna persona en el país pues sería alegar ignorancia de la ley, lo que no está permitido.

El gobierno envía un pésimo mensaje cuando justifica el acuerdo en la lentitud de la justicia dominicana pues fomenta que otras personas sigan su ejemplo y se hagan justicia por su propia mano. En adición, las actas de audiencia del caso inmobiliario revelan que la dilación del caso ha sido principalmente responsabilidad de la representación del Estado dominicano.

Ha quedado claramente demostrado el esfuerzo del gobierno de manejar el tema a espaldas de la ciudadanía, que solo se entera cuando el periódico 7dias.com divulga la existencia del poder firmado por el presidente Medina. Tampoco han sido divulgados al día de hoy las identidades de las personas que serán los beneficiarios finales del fraude cometido.

Llamamos la atención sobre una cláusula existente en el borrador del contrato de transacción que circula, que permite a los adquirientes ilegales no aportar las tierras por ellos robadas al fideicomiso que se constituiría, y quedarse con el 100% de las mismas siempre y cuando paguen al Estado el 55% de su valor, lo que implicaría darle una opción de comprar esas tierras que siempre han pertenecido al Estado. Esta condenable acción, viene a reafirmar el régimen de impunidad imperante en la Republica dominicana desde hace décadas.

La decisión del presidente Medina es sencillamente inaceptable por ilegal e inmoral y solo contribuye a consolidar a la República Dominicana en las últimas posiciones que vergonzosamente ostenta en todas las evaluaciones internacionales en materias relacionadas con la corrupción, generando una profunda decepción y haciendo perder toda esperanza de cambio en esta materia por actuaciones del nuevo gobierno.

Participación Ciudadana apoya firmemente el desarrollo de la región sur del país, pero no podemos dejarnos confundir, pues para desarrollar un territorio de tanta pobreza como el sur, no se precisa regalar sus tierras a quienes se las han apropiado de manera ilícita y es absolutamente falso que ese acuerdo transaccional sea la única vía para resolver el impasse. Prestigiosos juristas ya han identificado otras soluciones legales que no atentan contra el patrimonio nacional y que son mucho más ventajosas tanto para el sur como para el resto del país.

Por último, informamos a la opinión pública que en los próximos días nuestra organización estará llevando a cabo una serie de acciones legales, dirigidas a enfrentar la prolongación de una acción fraudulenta como lo supone el reconocimiento de los títulos ilegales de propiedad en Bahía de las Águilas. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a la ciudadanía a apoyar las acciones de movilización que un conjunto de organizaciones de sociedad civil están desarrollando para oponerse a este nuevo atropello a la institucionalidad.

Participaci�n Ciudadana elige a Roberto �lvarez como su Coordinador General

2013-02-20 10:19:14

Participación Ciudadana, movimiento cívico apartidista designó a Roberto Álvarez como su nuevo coordinador general, y a José Manuel Paliza, Fátima Lorenzo, Pedro Acevedo, Javier Cabreja, Leocadio Santana y a David Phips, como miembros del Comité Coordinador.

Roberto Álvarez es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con Maestrías en Relaciones Internacionales en la School of Advanced International Studies (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins en Washington, DC, y en Derecho Comparado en la Universidad de Georgetown, Washington, DC.

Sirvió en el servicio exterior de República Dominicana desempeñando funciones tales como abogado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), primero como Subdirector de Protocolo, después en el departamento legal y luego en la secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Como especialista principal de la Comisión, elaboró los proyectos de informes sobre derechos humanos en Chile, Paraguay, El Salvador, y Nicaragua, organizando, además, las visitas in loco de la CIDH a Panamá, El Salvador, y Nicaragua. Además, fue Representante Permanente de República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos con el rango de Embajador. En la OEA ostentó la Presidencia del Consejo Permanente a nombre de R.D, fue electo presidente de la Subcomisión de Políticas de Cooperación Solidarias para el Desarrollo de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI), y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente (CAJP). Desde diciembre de 2008 hasta agosto 2010, cuando renunció, fue miembro de la Comisión Consultiva de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores con el rango de Embajador adscrito honorífico. Es miembro del Consejo Asesor del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars.

El Dr. Álvarez ha laborado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Coordinador del Primer Foro sobre la Inversión Privada en las Américas, Washington, DC., EEUU; del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) de las Naciones Unidas; y de la Fundación Ford, en asuntos relacionados a la promoción de los negocios, el fortalecimiento de la administración de la justicia y el estado de derecho, y la promoción y protección de los derechos humanos. También ha servido como delegado oficial de Amnistía Internacional en misiones a Nicaragua y Sri Lanka.

Es autor de diversos libros, monografías y artículos sobre derechos humanos y asuntos internacionales. Ha sido columnista de los periódicos dominicanos El Caribe, Clave y de la revista La Lupa sin Trabas; ha colaborado también con otros periódicos y revistas especializadas dominicanas, como Listín Diario, Rumbo, Hoy, Gaceta Judicial y Estudios Jurídicos.

Roberto Álvarez agradeció el apoyo y la confianza depositada por los miembros de Participación Ciudadana que participaron en el proceso de votación y prometió luchar durante su gestión por la renovación y fortalecimiento de la institución, y la democracia en el país.

Consejo Nacional
Febrero 19, 2013

XIX. Asamblea General Ordinaria y elecci�n de nuevos miembros al Consejo Nacional

2013-02-14 10:54:56

Participación Ciudadana, movimiento cívico apartidista, celebró el domingo 10 de febrero, su décima novena “Asamblea General Ordinaria por la
Renovación de la Organización”. Dicha actividad constituye un encuentro de los miembros activos y donde se renuevan los miembros del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la organización cívica.

Para tal ocasión, fueron presentadas la Memoria Anual 2012 por el Coordinador General saliente Francisco Álvarez Valdez, así como el Informe Financiero del año 2012 y el Plan de Trabajo para el año 2013, los cuales fueron aprobados por los asambleístas. “Ha sido un año difícil, lleno de retos, en el que lamentablemente tenemos que señalar que no se alcanzaron las reformas políticas, institucionales y democráticas que requiere nuestro país y por la cual luchamos desde la sociedad civil”, puntualizó el Coordinador Álvarez Valdez, al igual que señaló que es indispensable que “preparemos nuestra organización para el futuro, pues hoy más que nunca se necesita de la presencia de la ciudadanía ejerciendo su derecho constitucional a la participación, para exigir que nos gobiernen bien y reclamar que aquellos que no lo hagan sufran las consecuencias de derecho, sea en las urnas o en los tribunales”.

Dentro de las memorias presentadas se encuentra el “Informe sobre el Déficit Fiscal en el año 2012: Monto, Causas y Evaluación con respecto al Ordenamiento Jurídico” elaborado por una Comisión Técnica del Consejo Económico y Social, coordinada por Participación Ciudadana y que concluyó que para la generación del déficit fueron violadas 24 disposiciones de nueve leyes diferentes, incluida la Constitución. Un asambleísta solicitó que se utilice el contenido de dicho informe para someter ante el ministerio público a todos los responsables de tales violaciones, lo que fue aprobado por aclamación por los asambleístas, autorizando al Consejo Nacional, que deberá designar abogados y dar cumplimiento a dicho mandato.

Durante la Asamblea se procedió a renovar una tercera parte de los miembros del Consejo Nacional, para elegir a cuatro de los doce miembros que integran el Consejo Nacional, resultando electos Javier Cabreja, Roberto Álvarez, Fatima Lorenzo y Ramón Phipps, quienes sustituyen a Francisco Álvarez Valdez, Somnia Vargas, Samir Chami Isa y Luis Sánchez Limardo, quienes terminan su mandato.

Ante la crisis del PRD

2013-01-30 12:49:31

Participación Ciudadana expresa su profunda consternación ante los reprobables acontecimientos acaecidos el pasado domingo en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y rechaza el uso de todo género de violencia y confrontación que en vez de solucionar la crisis a esa organización tiende a agravarla.

La violencia que estalló el domingo podría degenerar en hechos aún más graves si esa comunidad política prosigue por el derrotero de la imposición, la intransigencia y ausencia de concertación para solucionar una crisis que tiene raíces arraigadas y múltiples responsabilidades.

La crisis del PRD es una expresión del desprecio por los principios fundamentales de la institucionalidad democrática y del debilitamiento de los organismos estatutarios que rigen el accionar político, de lo que viene adoleciendo el sistema partidista dominicano en su conjunto. La solución es compleja pues no existen instancias que gocen de la suficiente credibilidad y aceptación por todas las partes involucradas.

El nivel alcanzado por esta crisis es de tal gravedad, que requiere grandes energías constructivas de sus dirigentes y militantes, que tienen que ser los actores fundamentales. Sin perder de vista la legalidad, de lo que verdaderamente se trata ahora es de la legitimidad que sólo puede ser recuperada con la expresión libre y mayoritaria de los perredeístas.

La solución no puede venir de un mandato externo, pero sí parece necesaria una ayuda que aliente el entendimiento y la concertación para establecer mecanismos que permitan una renovación democrática de sus dirigentes, acorde con los principios establecidos en los estatutos que se ha dado esa organización.

Participación Ciudadana respalda firmemente la convicción prevaleciente en los editoriales y comentarios de la mayoría de los medios de comunicación, de sectores independientes y de múltiples núcleos de los mismos perredeístas, que han propugnado por una solución a la crisis a través del diálogo y la concertación. Alentamos las recientes iniciativas, en marcha aún antes de la violencia del domingo, que buscan establecer un mecanismo idóneo de mediación.

El PRD, principal partido opositor de la oposición, no puede desertar de la responsabilidad que le otorgó el 47% del electorado sumiéndose en una confrontación que lo cubre de descredito y lo coloca al borde de la división, poniendo en peligro hasta la estabilidad democrática de la nación.

Participación Ciudadana formula votos porque prevalezca la voluntad democrática de la mayoría de los perredeístas a lo que deberán contribuir los organismos de arbitraje estatal, los medios de comunicación y la observación de la sociedad dominicana, especialmente de las instituciones preocupadas por el imperio de la institucionalidad democrática.

Consejo Nacional
30 de enero del 2013

La Alianza Regional por la Libre Expresi�n e Informaci�n presenta el informe �Acceso a la Informaci�n de la Salud de los Jefes de Estado�

2013-01-22 19:21:23

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presenta el informe “Acceso a la Información de la Salud de los Jefes de Estado”, donde se repasan algunos de los casos más conocidos y otros de los más recientes sobre enfermedades de los Presidentes (particularmente en América Latina) y el acceso a esta información por parte de la ciudadanía. El propósito es ilustrar que la falta de información cuando un Jefe de Estado está enfermo trasciende el ámbito de la esfera privada, pues se vuelve un tema relevante para la ciudadania.

En este contexto, en el documento se estudia la necesidad que existe de acceder a este tipo de información para evitar especulaciones que pueden atentar contra la gobernabilidad de los propios Estados. El ocultamiento o la manipulación burda de información tan sensible y de alto interés público habilitan el camino de las especulaciones. Corresponde a los actores políticos en el gobierno tratar de evitarlas con información oportuna, completa y confiable y, a la oposición, con un manejo cuidadoso al plantear sus dudas si hay información disponible y adecuada. De esta manera, el acceso a la información contribuye a conjurar las naturales especulaciones que nacen al abrigo del secreto y hace del ciudadano un actor responsable en el proceso de mantenimiento de la gobernabilidad e institucionalidad política en caso de un desenlace fatal.

El informe “Acceso a la Información de la Salud de los Jefes de Estado” elaborado por la organizacion miembro paraguaya, IDEA y el aporte de Transparencia Venezuela, Asociacion por los Derechos Civiles y Transparencia Colombia para la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, concluye su análisis entendiendo que no parece razonable que la mayor o menor cantidad de información con la que se pueda contar en relación a la salud de nuestros gobernantes dependa en forma exclusiva de la voluntad de ellos. Considera que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza el derecho de los ciudadanos a conocer sobre las enfermedades de sus presidentes cuando éstas son graves y pueden afectar su desempeño o la gobernabilidad; lo cual implica que, por parte del Estado, surge en estos casos una obligación de proporcionar información.

Participaci�n Ciudadana solicita al Ministerio P�blico explicaci�n.

2013-01-16 15:21:36

El acuerdo suscrito en marzo de 2011 por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional con la entonces imputada Sobeida Félix Morel, dado a conocer parcialmente por el matutino HOY, ha llenado de asombro y estupor a toda la sociedad. Aunque tales acuerdos son posibles en derecho, los resultados que el mismo ha producido han abierto serias interrogantes que deben ser despejadas por el Ministerio Público, pues afectan seriamente el Estado de derecho que proclama nuestra Constitución.

Las informaciones suministradas por la señora Félix Morel tenían por objeto permitir al Ministerio Público investigar a personas vinculadas a las operaciones de narcotráfico o lavado de activos realizados por José Figueroa Agosto, teniendo como contrapartida un tratamiento favorable de su caso, en términos condenatorios. Sin embargo, luego de veintiún meses de firmado el acuerdo, todos los indicios permiten inducir que una autoridad superior decidió no utilizar la información recibida y lo que es más grave aún, decidió colocarla fuera del alcance de las nuevas autoridades y del conocimiento de la ciudadanía.

Corresponderá al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, confirmar o no las informaciones que circulan en el sentido de que no conocían el referido acuerdo hasta su reciente divulgación por la prensa, y si lo conocían por qué razón no ordenaron las investigaciones de lugar.

De los datos parciales divulgados se desprende que la señora Félix Morel suministró suficiente información, además de detalles muy específicos, que eran relativamente fáciles de investigar y determinar su veracidad o falsedad: si el ex general De la Cruz Consuegra invirtió o no fondos propios en la adquisición de la yipeta Lexus que se indica como regalada por Figueroa Agosto; si el ex mayor general Domínguez Castillo puede justificar la compra con recursos propios y legítimos del apartamento en la torre Don Pedro, que se le atribuye haber comprado con recursos de Figueroa Agosto o si alguna persona lo vió con los costosos relojes supuestamente regalados por el narcotraficante boricua; verificar si el coronel Fernández Castillo tenía las facilidades para conseguir carnets del DNI, si tenía su oficina en Plaza Naco y si el patrimonio que detenta está amparado en alguna actividad legítima; si el ex coronel Sánchez Pérez tiene un apartamento en el Ensanche Ozama y el origen de los fondos para su adquisición.

Con respecto al Ing. Miguel Vargas Maldonado las dudas son hoy mayores que las existentes cuando se divulgó la información, pues su carta de explicación parece escudarse en el mismo argumento ofrecido por otros en el sentido de que el nombre de José Figueroa Agosto no había sido dado a conocer como ligado al narcotráfico, cuando lo grave del hecho que le imputa Sobeyda Felix Morel, es la recepción en efectivo en tres ocasiones de cien mil dólares cada vez, sin cumplir con los requisitos legales y reglamentarios de informar a las autoridades por ser operaciones que sobrepasan los US$10,000.00. En la carta de explicación nada se dice con respecto a la recepción del efectivo que se le atribuye.

El hecho de que el Ing. Vargas Maldonado era, y es, el presidente del principal partido de la oposición, que en el momento de la denuncia de la señora Félix Morel se aprestaba para competir en las elecciones presidenciales, genera dudas muy serias que solo pueden ser despejadas a través de una investigación independiente, sobre todo si se toma en cuenta que nunca fue llamado a interrogatorio, como sí ocurrió con los militares y policía denunciados. El Ing. Vargas Maldonado debería tomar la iniciativa de ponerse a disposición del Ministerio Público para fines de ser interrogado e investigado.

La responsabilidad mayor descansa en el Ministerio Público, que es la autoridad llamada a garantizar que los hechos criminales sean investigados y perseguidos sin discriminación de ningún tipo, y por lo tanto debe ofrecer una explicación convincente a la ciudadanía, que ante el silencio, con justificada razón, saca sus propias conclusiones, dejando muy mal paradas a las autoridades y los entes involucrados.

Balance del a�o 2012

2013-01-03 12:51:05

Como cada año, Participación Ciudadana pasa balance al año que termina con la finalidad de ofrecer su visión de lo acontecido y contribuir con información que permita a las autoridades y a la ciudadanía iniciar un nuevo año sin olvidar lo ocurrido en el que termina, sea para fortalecer o preservar lo bien hecho, como para corregir lo mal hecho.

Debe destacarse como la nota más positiva del año, aunque con miras al año siguiente, el cumplimiento de la Ley No. 66-97 que obliga a asignar un 4% del Producto Interno Bruto a la educación.

El año 2012 ha estado fuertemente marcado por dos acontecimientos importantes: las elecciones presidenciales y de diputados en el exterior, que dominó todo el primer semestre, y el déficit con que terminaremos, que dominó la última parte del año.

Ambos acontecimientos fueron responsables de otros tantos que resultaron de alta incidencia en la vida nacional, como el cambio de gobierno en agosto que implicó un conjunto de medidas positivas, la división del PRD y el PRSC, la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el Consejo Económico y Social (CES) sobre el Pacto Fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), la aprobación acelerada y sin consenso de una ley que aumentó los impuestos y de la ley general de presupuesto para el 2013, la movilización ciudadana protestando primero por la reforma tributaria y luego por la impunidad que se pretende imponer en beneficio de aquellos funcionarios públicos que han colocado a la República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo y campeón indiscutible en despilfarro de los recursos públicos.

1. El año del 4% para la Educación.

El presidente Danilo Medina cumplió su promesa de asignar en el proyecto de presupuesto para el 2013 el 4% del PIB para la educación, que aunque no es otra cosa que cumplir con el art. 197 de la ley No. 66-97, merece ser destacado y bien ponderado.

Este hecho constituye una clara demostración de lo importante que resulta para el país el empoderamiento de la ciudadanía en los temas de políticas públicas. También obliga a prestar mucha atención a la forma en que se utilizarán estos fondos.

2. Un año de retroceso en materia electoral.

Durante el primer semestre del año se puso a prueba el sistema electoral dominicano con las votaciones que tuvieron efecto el 20 de mayo para elegir presidente y vicepresidente de la República y los diputados de ultramar.

Por nueva vez se comprobó que el organismo electoral ha logrado un control importante de los aspectos logísticos y del proceso de conteo de los votos, lo que fue corroborado por la observación electoral que realizamos, incluyendo nuestro conteo rápido.

Sin embargo, no se pudo avanzar y por el contrario, se retrocedió en el control de la modalidad de fraude electoral que ha venido ganando cada vez más fuerza en nuestro país: condicionar el voto de la ciudadanía usando masivamente los recursos del Estado e incluso con recursos captados del sector privado sin ningún cuidado y sin transparencia ni rendición de cuentas.

Participación Ciudadana denunció el uso de los recursos del Estado por parte del partido oficial en cada uno de sus seis informes de observación pre-electoral, desde noviembre de 2011, que era mucho más que evidente a través de la repartición de alimentos, materiales de construcción, electrodomésticos, publicidad estatal con fines electorales, un total desequilibrio en la publicidad electoral, visitas del presidente de la República por todo el país prometiendo y comenzando obras públicas no planificadas ni contenidas en el presupuesto en clara violación a la Constitución de la República y a todo el conjunto de leyes que rigen la Administración Financiera del Estado y los sistemas de presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad gubernamental.

La Junta Central Electoral falló en controlar el tiempo en la campaña y el uso de los recursos públicos y privados, a pesar de que su potestad reglamentaria había quedado claramente consolidada en la nueva Constitución aprobada en el 2010, lo que dio lugar a unas elecciones en las que no se respetó el principio de equidad que manda el artículo 211 de la Constitución.

El desborde en el gasto público alcanzó igualmente al organismo electoral, que termina el año con un déficit que en declaraciones de funcionarios electorales estaría entre 700 y 1,000 millones de pesos, a pesar de lo cual mantuvo una importante campaña publicitaria luego de concluidas las elecciones.

El año concluye sin que el Congreso haya puesto en agenda los proyectos de Ley Orgánica Electoral y de Partidos Políticos, a pesar de que todos los candidatos y representantes de los principales partidos se comprometieron durante la campaña electoral a aprobarlos antes de que finalizara el 2012.

3. Un cambio de Gobierno y un cambio de estilo de gobernar.

El 16 de agosto asumió la presidencia el Lic. Danilo Medina y a pesar de la decepción generalizada que produjo el mantenimiento en sus funciones de cerca del 70% de los principales funcionarios públicos, no cabe duda alguna que comenzó a imponer un nuevo estilo de gobernar.

Este nuevo estilo quedó marcado con iniciativas como el decreto de austeridad y el comienzo de su cumplimiento, la destitución del Contralor General de la República por haberse asignado una pensión exagerada en sus funciones anteriores, la distribución del gasto público en pequeñas obras, la reducción significativa de todo el aparataje que rodeaban la presencia y traslados del presidente anterior, el cumplimiento de su promesa de otorgar el 4% del PIB a educación, la centralización en Promese Cal de todas las compras de medicamentos del sector público, el sometimiento a concurso de los permisos de importación de productos agrícolas y recientemente al otorgar pensiones especiales a los esforzados trabajadores de la caña, entre otras.

4. Otro año en que la Corrupción y la impunidad siguen creciendo.

En un año en que el gobierno ha gastado más que ningún otro en toda su historia, ha quedado comprobada la enorme deficiencia que padecemos en materia de control y fiscalización del gasto público.

Han quedado al descubierto las debilidades de un Congreso Nacional que ha sustituido su función de control y fiscalización por la de asistencialismo social, en franca violación de la Constitución y las leyes, y de una Cámara de Cuentas sin los recursos y la voluntad para auditar el gasto público y sobre todo dar a conocer oportunamente los contenidos de sus auditorías.

Mención especial merece el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, cuyo director, Otoniel Bonilla, se dedicó a cerrar de manera definitiva investigaciones de corrupción justo antes del cambio de gobierno.

Transparencia Internacional divulgó su nuevo Índice de Percepción de la Corrupción, en el que la República Dominicana obtuvo una calificación de 32 sobre 100, que nos coloca entre los países en que existe una corrupción rampante. Esta evaluación coincide con otras realizadas internacionalmente, como la del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial que nos coloca en el último lugar de 144 países en despilfarro en el gasto gubernamental y favoritismo de los funcionarios públicos y en el lugar 142 en materia de desvío de fondos públicos.

Lamentablemente el presidente Medina estropeó un excelente discurso sobre sus primeros cien días enviando un mensaje de borrón y cuenta nueva al señalar que no se debía recoger piedras para arrojarlas hacia atrás. No es posible combatir la corrupción del presente o del futuro sobre la base de la impunidad de la corrupción del pasado.

Pese a no haberse aprobado todavía una Ley que garantice unas declaraciones juradas fehacientes de patrimonio y con datos fácilmente comprobables, las declaraciones de bienes realizadas por algunos funcionarios públicos ofrecen suficiente evidencia por lo menos para iniciar una seria investigación sobre el incremento de sus fortunas durante el ejercicio de las funciones públicas, partiendo de que la Constitución les obliga a probar el origen de sus bienes y les impide tener otros ingresos distintos a su salario y los percibidos por docencia mientras desempeñen cargos públicos. Igualmente debería verificarse que el incremento de tales fortunas fue declarado anualmente por ante la Dirección General de Impuestos Internos, y fueron cobrados los impuestos correspondientes.

Los niveles de transparencia en el gobierno en vez de aumentar han retrocedido este año 2012, como lo demuestra el Sexto Informe de Monitoreo a la Aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, realizado por Participación Ciudadana, en el cual apenas 10 entidades públicas de las 52 evaluadas alcanzaron puntuación por encima de 80 sobre 100, 18 entidades obtuvieron entre 60 y 79 puntos y 24 obtuvieron menos de 59 puntos, entre ellas la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que obtuvo cero puntos.

5. La evolución macroeconómica

Durante el año 2012 también se registró una desaceleración del crecimiento de la economía, aunque es de admitir que sigue siendo considerable, dado el contexto de crisis internacional. Según el informe del Banco Central correspondiente al período enero-septiembre, el producto interno bruto aumentó en 3.9%, comparado con igual período del año anterior. No se tienen datos aún del último trimestre, pero el ritmo puede haber bajado algo en virtud del ajuste hacia abajo del gasto público que hizo el nuevo gobierno. Siendo así, es previsible que la cifra final de crecimiento se ubique cerca del 3.5%, aunque bien podría alcanzar el 4% al que aspiran las autoridades.

Hasta septiembre, los renglones de mayor crecimiento fueron la energía, intermediación financiera, comercio y agropecuaria, así como educación y salud. Las actividades industriales casi no crecieron, y la industria de la construcción se redujo algo en su conjunto, pese al enorme esfuerzo de inversión pública, debido a que las construcciones privadas se redujeron.

La inflación fue muy moderada en el 2012, hasta el punto de que todavía hasta septiembre los precios apenas habían aumentado en 2.6%, aunque se estima que terminaron el año en alrededor de 4% por los marcados aumentos de finales de año. Curiosamente, el año de más baja inflación de los últimos tiempos coincide con el de mayor devaluación.

Durante el 2012, la tasa de cambio aumentó en aproximadamente un 6%, descontinuándose la práctica de hace mucho tiempo, en que se tenía alta inflación y poca devaluación, encareciendo el país frente a sus competidores y provocando una apreciación real de la moneda, que tanto daño viene haciendo al aparato productivo, e induciendo un crecimiento económico que descansa en plazas comerciales, importación de vehículos y electrodomésticos, torres residenciales y bancas de apuestas.

Congruente con este modelo de crecimiento, las cifras del sector externo son bastante negativas, pese a una ligera mejoría respecto al año previo. La balanza comercial terminará el 2012 con un déficit en torno a los US$9,000 millones, aunque el déficit en cuenta corriente se estima que disminuya, para terminar en 7.3% del PIB, unos US$4,300 millones, gracias a los ingresos por turismo y remesas.

En todo caso, es notorio que la República Dominicana se ha acostumbrado a depender de las entradas de capitales para mantener funcionando su economía. Si bien el flujo neto de los grandes montos de préstamos externos netos y colocación de bonos en el mercado internacional, que habían venido tras el acuerdo con el FMI bajó en el 2012, no desapareció, al tiempo que se mantuvo un fuerte flujo de inversión extranjera. Pero esto obedece a que el país convive con un período en que los capitales andan huyendo de Europa y buscan acogida en América Latina, y aún dentro de esta región la República Dominicana luce un buen refugio, porque se ha vendido bien como tal.

A ello ha contribuido la desconfianza de los inversionistas en dos países con vínculos muy particulares con el nuestro: Venezuela y España. Por razones distintas, los capitales están huyendo de esos países y, en el caso venezolano, nuestro país es su destino por excelencia.

Muchos de esos capitales se manifiestan a través de inversión extranjera directa en nuevos negocios, torres de apartamentos, plazas comerciales y tierras y viviendas en lugares turísticos, etc.; otros vienen a comprar activos o empresas ya existentes, mientras que otra parte se incorpora directamente al flujo financiero, para adquirir los muy atractivos bonos en moneda nacional del gobierno y del Banco Central, elemento fundamental para mantener la estabilidad de la tasa de cambio.

Sin embargo, en el 2012, a pesar de que esos capitales siguieron alimentando la economía nacional, no fueron suficientes para contrarrestar el déficit en cuenta corriente, por lo que las reservas monetarias se redujeron y el tipo de cambio subió más que la inflación interna.

Ahora bien, el elemento más destacado de la evolución macroeconómica dominicana durante el 2012 fue la gran expansión del gasto público que se produjo, sobretodo, en los renglones de inversión fija (155.4%), y de transferencias (29.8%), que incluye al sector eléctrico, aunque también creció la nómina en 12.7%. Todo esto se reflejó en la generación de un extraordinario déficit del sector público consolidado, que terminará en la acumulación de una deuda pública muy por encima de los niveles razonables para una economía subdesarrollada, de alrededor de 44% del PIB.

6. 2012: año del mayor déficit fiscal en la historia del país desde que se llevan registros.

El 4 de octubre el país recibió sorprendido el anuncio de parte del gobierno de que el déficit fiscal del sector público consolidado terminaría el año 2012 en 187 mil millones de pesos, es decir un 8% del PIB. Posteriormente el FMI informó que sería aún mayor, de cerca de un 8.5 % del PIB, rondando los 196 mil millones de pesos. En palabras del Director de la DGII, se trataba del mayor déficit fiscal en toda la historia del país desde que se llevan registros.

Las razones del déficit explicadas por el ex presidente Leonel Fernández, en un discurso al país al que se vio obligado debido a la indignación generada, fueron posteriormente cuestionadas por economistas y hasta por funcionarios públicos.

Una parte importante del déficit se produjo por la decisión del ex presidente de terminar las obras que había comenzado, como lo declaró el jefe de su gabinete económico, Temístocles Montás, y otra parte por la iniciación de nuevas grandes obras, aún en el período de transición y para lograrlo no tomaron en cuenta la violación de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto que establece el Sistema de Programación de la Ejecución Presupuestaria, la Ley de Organización del Ministerio de Hacienda, la Ley de Planificación e Inversión Pública, La Ley de Tesorería Nacional, la Ley de Contraloría General de la República, la Ley de Función Pública, la Ley de Crédito Público, la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, entre otras.

No se trató solamente del terrible daño que sobre la salud económica y financiera del Estado dominicano se infligía con las acciones que generaron este déficit, sino además el daño institucional que representa la violación de toda la normativa legal y constitucional, confirmando la inexistencia, por lo menos para nuestros gobernantes, del Estado de derecho que proclama nuestra Constitución.

El daño se incrementa ante la clara intención del nuevo gobierno de no investigar y someter a la justicia a los responsables de tales violaciones a pesar de la enorme carga que nuevamente se coloca sobre los hombros de la ciudadanía en forma de mayor endeudamiento, por un lado, y de aumento de impuestos, por otro, para contribuir a tapar el hoyo financiero generado por infracciones legales y constitucionales.

Es penoso que todo el gasto público realizado en los últimos años no contribuyera a reducir la pobreza, y que por el contrario, la pobreza se haya incrementado a 42.2% de acuerdo con datos de la Comisión Económica para America Latina y El Caribe (CEPAL).

Las múltiples informaciones sobre el nivel del déficit fiscal han venido a poner de manifiesto la debilidad del sistema de estadísticas macroeconómicas y carencia de información fehaciente a la ciudadanía. Un elemento perturbador es la falta de transparencia en la información financiera del Estado, constituyéndose el déficit del 2012 en elocuente ejemplo. Mientras que el presupuesto aprobado sólo admitía un déficit de 2.2% del PIB para todo el sector público, el informe del primer semestre del Banco Central arroja una cifra cercana al 5%, y en septiembre la Misión del FMI hablaba de 3.3%.

Tras este rejuego de cifras, la tendencia definitiva del déficit no fue revelada sino hasta el 4 de octubre, pero luego el FMI informó de datos más elevados aún, y ahora a final del año surgen informaciones de que el déficit pudiera terminar siendo más bajo. De esta manera, al cierre del 2012 el nuevo gobierno logró reducir marcadamente el ritmo de gastos públicos que llevaba el anterior, por lo que se estima que al final el déficit del sector público consolidado se situaría en torno al 7% del PIB en vez de 8.5% como había proyectado la Misión del FMI.

Es probable que el nuevo gobierno, aun sabiendo que aplicaría una política que ayudaría a reducir la tendencia del déficit, decidiera no informarlo para facilitar la aprobación de su proyecto de aumento de impuestos, lo que revela una práctica poco transparente en el manejo de la información financiera.

7. Debilitamiento del sistema de partidos.

La fragilidad institucional que arropa a la sociedad dominicana alcanza a la mayoría de los partidos políticos. Estas elecciones demostraron una vez más que la mayoría de los partidos existen exclusivamente para venderse al mejor postor dentro del sistema clientelar que penetra por todas partes y en esas condiciones nunca tendrán posibilidad real de ganar unas elecciones. De esa manera hemos visto como el PRSC se ha reducido a la condición fuerza minoritaria con fines de negociación, sumándose a una mayoría que hace lo mismo.

En esta ocasión, la crisis en el sistema partidario ha alcanzado al principal partido de oposición, aunque por circunstancias diferentes. El PRD se encuentra sumido en una fuerte crisis interna que lo mantiene dividido en dos partes, aunque existe un conjunto de dirigentes que hacen esfuerzos por crear una tercera fuerza.

La crisis ha impedido que el PRD realice el papel que le corresponde por la votación obtenida en las últimas elecciones, restando el indispensable contrapeso que debería aportar.

Los principales líderes del PRD han sido incapaces de poner el interés del partido y de la ciudadanía por encima de sus intereses personales de control y se vislumbra un largo conflicto que terminaría de todas formas en la división formal del partido, como ya ha ocurrido otras veces en el pasado.

8. Desempeño de las Altas Cortes.

El año 2012 fue el año de la instalación de las altas cortes. En el Poder Judicial se hizo un cambio de integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y la ratificación de dos de la pasada gestión, de los cuales 9 jueces del ámbito penal conforman la planilla de los 16 jueces de dicho alto tribunal. Este año el Consejo del Poder Judicial fue cuestionado por jueces y empleados administrativos por su actuación poco respetuosa del debido proceso disciplinario. En particular, los jueces fueron sometidos por la toma de decisiones jurisdiccionales vulnerando la independencia funcional de la cual tanto ha luchado la ciudadanía. Si embargo se está en la espera de la revisión del proceso disciplinario tanto para jueces como para empleados administrativos.

Una decisión importante al cierre el año 2012, fue la del Juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, donde ordenó al ministerio público seguir con la investigación en contra del investigado Félix Ramón Bautista Rosario, por presuntos actos de corrupción y revocando el auto del archivo provisional del expediente dictado por el Director Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA). A pesar de cualquier recurso procesal, la ciudadanía tiene la esperanza de que tanto la Segunda Sala Penal como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia cumplan con su misión institucional de ser guardianes de la Constitución y de la Ley.

El Tribunal Constitucional inició sus la labores con grandes limitaciones de espacio físico y de personal, lo que justificó en los primeros meses el bajo desempeño. Sin embargo, a pesar de instalarse en agosto en su propia sede, la ciudadanía cuestiona el bajo rendimiento de los 13 jueces, ya que han evacuado hasta el momento de redacción de este balance unas 104 sentencias, hasta el punto de que una acción de inconstitucionalidad sometida por nuestra institución ante la Suprema Corte de Justicia en fecha 2 de septiembres del 2010, y transferida al Tribunal Constitucional el 31 de enero del 2012, a raíz de su establecimiento, todavía no se le haya puesto en agenda para ser conocida.

Participación Ciudadana valoró la decisión del Tribunal Constitucional en que reafirmó que el derecho a la intimidad es un valor del sistema democrático, el cual no puede restringir el derecho al libre acceso a la información pública a riesgo de desproveer a la ciudadanía de herramientas para controlar el uso y manejo de los recursos públicos.

El Tribunal Superior Electoral fue creado por la Constitución del 2010, inició sus labores con grandes retos frente al escrutinio electoral de reciente celebración, particularmente para cumplir su misión de conocer los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Sus decisiones han sido cuestionadas poniendo en peligro su legitimidad, preocupación manifestada a ese organismo de que imparta justicia de acuerdo a la Constitución y las leyes, y de que trabaje para restablecer la confianza de la ciudadanía para garantizar la democracia interna y el fortalecimiento del sistema de partidos.

Las altas cortes deben cumplir con su misión de administración de justicia, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de los poderes públicos y las debidas garantías de los derechos fundamentales.

9. Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos

Existe un alto sentimiento por parte de la ciudadanía en lo referente a la inseguridad ciudadanía. Todos apuestan y más aun el gobierno central, que la solución es la reforma policial. Participación Ciudadana ha manifestado que la reforma integral de la Policía Nacional es parte de una de las soluciones, dentro del sistema de seguridad ciudadana.

Los informes de Amnistía Internacional sobre el desempeño de las funciones de la Policía Nacional frente a la ciudadanía manifestaron preocupación y recomendaron impedir el uso abusivo de la fuerza, los arrestos arbitrarios, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en dos sentencias que el Estado dominicano es responsable de violar los derechos humanos de las personas en su territorio. En los casos González Medina y Familiares, y la Masacre de Guayubín, fue declarado responsable por no garantizar los derechos humanos establecidos en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

El Estado dominicano se encuentra bajo la supervisión de la Corte IDH en el cumplimiento íntegro de estas dos sentencias, así como la sentencia del caso Jean y Bosica y dará por concluido dichos casos una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en las mismas, lo cual constituye un reto para el Presidente Danilo Medina de que en su gestión se cumpla lo establecido en los tres casos conocidos por ese Tribunal de Derechos Humanos, así como que no se continúen las violaciones de derechos humanos por agentes encargados de cumplir y hacer cumplir con la Constitución y la leyes.

10. El empoderamiento de la ciudadanía.

Movido por el escandaloso uso de los recursos públicos al margen de los procedimientos legales durante el año 2012, el enorme déficit fiscal con el que terminaremos este año, por la corrupción que se generó alrededor del déficit, por la impunidad que se pretende imponer y por haber cargado una vez más sobre los hombros de la ciudadanía todo el peso de la corrupción y el mal manejo de la administración pública, se ha iniciado un movimientos social de protesta que reclama cambios importantes, comenzando por el cese de la impunidad y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes.

Las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía interesada han encontrado en el Movimiento Justicia Fiscal el espacio para articularse, no solo en actividades de protestas sino también en la producción de ideas y propuestas concretas. Otros grupos sociales se han movilizado con las mismas metas.

Aun cuando algunos partidos han apoyado las iniciativas sociales, resulta muy claro que se trata de movimientos articulados desde la ciudadanía, sin compromisos partidarios.

La principal meta de cara al futuro deberá ser levantar la conciencia ciudadana del terrible daño que le hace la corrupción al país, impidiendo crear desarrollo humano, sometiendo la voluntad de la mayoría a las dádivas y prebendas ofrecidas desde el poder.

6to Informe de Monitoreo de la Ley General de Libre Acceso a la Informaci�n P�blica: Retrocesos y Dificultades

2012-12-19 17:10:26

Es de grato placer para nosotros compartir en el día de hoy los resultados del 6to Informe del Observatorio Ciudadano a la Implementación de la Ley General de Libre Acceso a la Información, estudio realizado con la finalidad de determinar el grado de aplicación y cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, en las instituciones destinatarias de fondos públicos.

A ocho (8) años de promulgada esta Ley y su Reglamento de Aplicación, desde nuestra organización hemos presentado seis (6) informes de monitoreo, con el objetivo de promover y optimizar los niveles de implementación de la Ley, fortalecer las estructuras y procedimientos que garantizan el acceso a la información pública, impulsar una nueva cultura de transparencia en el Estado Dominicano, apoyar la erradicación de la cultura del secreto, el autoritarismo y la discrecionalidad y democratizar los poderes públicos.

A través de estos informes se da a conocer el nivel de aplicación de esta normativa por un conjunto de instituciones públicas, enfocándose: primero, en el desempeño particular de cada una y, segundo, mostrando un panorama general del derecho a acceder a la información en República Dominicana.

El 6to Informe del Observatorio de Implementación de la Ley de Acceso la Información Pública, que hoy presentamos, es de carácter descriptivo. En su elaboración se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas, se levantó información sobre el contenido de los portales electrónicos de las entidades monitoreadas para constatar la existencia de la información relevante que garantice la transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente se depositaron un promedio de seis solicitudes de información en cada una de las instituciones incluidas.

Para este informe de monitoreo, se han considerado cincuenta y dos (52) entidades públicas, las cuales fueron seleccionadas principalmente por la relevancia de sus funciones y por ser las que tienen mayor participación en el presupuesto de la nación.

Principales Hallazgos.

A ocho años de promulgada la Ley 200-04, el nivel de discrecionalidad en relación a las estadísticas institucionales es elevado. Sólo en el 54%, de los portales electrónicos de las entidades evaluadas se constató la publicación de las estadísticas institucionales.

Al comparar los resultados arrojados por las distintas evaluaciones realizadas por Participación Ciudadana, en los años 2009, 2011 y 2012, se comprobó que en términos de publicación del presupuesto por parte de las entidades públicas en sus portales electrónicos, el avance ha sido lento y poco significativo. Para este año 2012 el nivel de cumplimiento en la publicación del presupuesto disminuyó. Se registró que el 56% de las entidades públicas evaluadas publicaron su presupuesto en sus portales electrónicos. Sin embargo, sobre la ejecución del presupuesto, sólo en el 58% de las entidades públicas se verificó la presentación de la ejecución presupuestaria, por lo menos, al primer cuatrimestre del año 2012.

Del conjunto de solicitudes de información emitidas el 47% no fueron respondidas; calificando la no respuesta en lo que es denominado como “silencio administrativo”. De las solicitudes que fueron respondidas, el 4% lo hicieron fuera de los plazos establecidos y un 11% de las respuestas fueron remitidas incompletas, en transgresión a la Ley 200-04.

En el 62% de las instituciones evaluadas se pudo verificar la publicación de un listado de proveedores en sus respectivos portales electrónicos. En cuanto a las convocatorias a concursos, en el 67% de los portales electrónicos de las entidades públicas se constató la publicación de concursos realizados en el periodo. Los pliegos y los términos de referencias de los concursos son puestos a disposición de la ciudadanía, en un 65% del total de entidades evaluadas. En el 60% de los casos pudo ser verificada la presentación de los resultados de las convocatorias en los portales electrónicos de las entidades evaluadas.

Ranking del Cumplimiento a la Aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No 200-04.

A partir de las puntuaciones obtenidas por las entidades evaluadas se han clasificado las instituciones de acuerdo al grado de aplicación de la ley, en categoría “A” han obtenido una puntuación entre el rango “90 a 100”.

Las que se ubican en el parámetro “80 a 89.9” han sido clasificadas en categoría “B”, indicando un nivel de aplicación satisfactorio; el intervalo que comprende las puntuaciones “70 a 79.9” está en la categoría “C”, indicando que medianamente se cumple con lo que exige la Ley General de Acceso a la Información Pública.

Las instituciones que están comprendidas en el rango “60 a 69.9” pertenecen a la categoría de aplicación “D”; en tanto que, las instituciones que obtuvieron puntuaciones en el rango de “50 a 59.9” puntos se encuentran en la categoría “E”, y finalmente, las que obtuvieron puntuación por debajo de “50” se encuentra en la categoría “F”. Estas últimas categorías significan un escaso o casi nulo cumplimiento de la Ley 200-04.

PC solicita el cumplimiento de la Ley No. 194-04 sobre Autonom�a Presupuestaria y Administrativa del Ministerio P�blico y del Poder Judicial y la designaci�n del Defensor del Pueblo

2012-12-17 10:59:39

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, solicita al Senado y a la Cámara de Diputados que den cumplimiento a la Ley No. 194-04, donde se consigna que el presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público será “de por lo menos un 4.10% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto General del Estado, los cuales se deben distribuir en un 65% del 4.10% para el Poder Judicial y un 35% del 4.10% para el Ministerio Público.

De igual manera, recuerda que debe asignar recursos a la Oficina Nacional de Defensa Pública, la cual hasta el momento opera en sólo 22 Distritos Judiciales, estando imposibilitada de garantizar el derecho a la defensa en 19 distritos judiciales, en franca violación de la Constitución del 2010.

El párrafo del artículo 5 de dicha ley establece que “cada tres años deberán ser revisados los porcentajes con el propósito de adecuarlos a las necesidades” tanto del Poder Judicial como el Ministerio Público, situación que no se ha hecho hasta el momento en franca violación a la ley y a la Constitución.

La real independencia del Poder Judicial no sólo descansa en su autonomía funcional sino en la garantía de poder contar con los recursos económicos necesarios para que la actividad judicial alcance la calidad que exige la ciudadanía .Los procesos de reforma y modernización del sector justicia están paralizados por no contar con los recursos necesarios para su implementación plena.

El Ministerio Público debe iniciar el proceso de captación de aspirantes a los fines de poder dar respuesta con un personal de carrera en la investigación y persecución penal para poder contribuir de manera efectiva a la demandada seguridad ciudadana. De igual manera, no cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar la delincuencia organizada por falta de los recursos para la adquisición de los mismos, situación que debe preocupar a toda la sociedad.

Los jueces, los fiscales, defensores públicos y los empleados administrativos de dichas instituciones laboran con grandes carencias lo que explica la dificultad de respuesta rápida y oportuna frente a las demandas de la ciudadanía de acceso a la justicia.

Participación Ciudadana solicita, además, a la Cámara de Diputados y al Senado la designación del Defensor del Pueblo, ya que es inaceptable que el Poder responsable de legislar y fiscalizar en representación del pueblo, sea el primero que no cumpla con la Constitución de la República Dominicana.

Consejo Nacional
14 de diciembre de 2012

Entrega del Reconocimiento a la Lucha Contra la Corrupci�n 2012 a Luis Eduardo Lora Iglesias(Huchi)

2012-12-13 09:34:57

Participación Ciudadana, Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional, entregó el Reconocimiento a la Lucha Contra la Corrupción 2012, al ciudadano periodista Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi Lora)

Este reconocimiento fue creado por PC para ser entregado a un dominicano/a ejemplar de comprobada integridad, probidad y seriedad.

El reconocimiento tiene además el objetivo de educar mediante el ejemplo, presentando a los ciudadanos y ciudadanas modelos positivos de conducta a ser emuladas y resaltar las virtudes ciudadanas que predicaron los fundadores y héroes de la República.

Son elegibles para este reconocimiento ciudadanos y ciudadanas dominicanos o residentes en el país que hayan dedicado parte de su vida al combate a la corrupción, que sean ejemplo de conducta ética y/o que hayan hecho una contribución significativa en este campo.

Nuestra organización valoró y consideró los 46 años de ejercicio periodístico de Huchi Lora, porque constituyen una muestra elocuente de su vida pública, donde ha protagonizado innumerables batallas en procura de reivindicaciones sociales y en el combate a la corrupción pública y privada.

Su participación siempre ha sido de denuncia de la corrupción, ha estado en la primera línea en la defensa de los derechos humanos y ciudadanos, ha participado activamente en la promoción de leyes anticorrupción o que procuran la institucionalidad, la democracia y la justicia social.

Huchi Lora, junto a otros pocos periodistas, es considerado un símbolo de la prensa responsable, comprometido con las mejores causas, integro a toda prueba y aliado de quienes, como Participación Ciudadana, luchan por un mundo libre de corrupción.

El Consejo Nacional de PC se siente honrado con este Reconocimiento de la Lucha Anticorrupción 2012, al periodista Huchi Lora porque es el modelo de ciudadano que queremos promover, hombre sin tacha, comprometido con las mejores causas, activo, participativo, valiente, coherente y entusiasta, con el cual, estamos seguros de que podemos contar y continuar nuestras luchas.

Jornada de Educaci�n en Derechos Humanos

2012-11-23 13:21:37

El Movimiento Cívico no Partidista, Participación Ciudadana dejó instalado el Curso-Taller de Derechos Humanos para promotores/as comunitarios/as integrados a las redes municipales de las Casas Comunitaria de Justicia.

Con la celebración de ésta capacitación se inicia, una jornada de formación de líderes comunitarios y funcionarios de la justicia y la municipalidad con el fin de generar en la población dominicana un estado de convivencia pacífica, el respeto y salvaguarda de los derechos humanos y al fortalecimiento del Estado de derecho.

Para Participación Ciudadana la democracia se sustenta del reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos, por lo que es de importancia vital que la ciudadanía y sus autoridades asuman responsabilidades compartidas por la preponderación de los mismos ante cualquier circunstancia.

En momentos en que la inseguridad ciudadana se desarrolla sin aparente control y la impunidad se impone dejando al desamparo y sin protección a la ciudadanía se hace necesario conocer y promover los derechos humanos como fundamento del sistema democrático y de derecho de nuestro país.

El Curso – Taller se realizó en Santo Domingo, Distrito Nacional durante los días 22 y 23 del mes de noviembre del año en curso, en el Hotel Plaza Naco con la participación de 53 personas representantes de organizaciones de la sociedad civil, y autoridades judiciales y municipales. Al concluir la actividad educativa los participantes impulsarán en sus respectivos municipios un amplio programa de educación ciudadana y promoción de los derechos humanos, así como de acompañamiento de las víctimas de violación de sus derechos fundamentales a través del programa de Casa Comunitaria de Justicia que implementa Participación Ciudadana en diversos municipios del país.

Esta actividad y el conjunto de acciones a efectuar en el país cuentan con la cooperación de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Con este esfuerzo Participación ciudadana busca fortalecer la calidad de participación de la ciudadanía, así como los niveles necesarios de coordinación entre la sociedad civil y las autoridades competentes, pero sobre todo aportar al mejoramiento de las condiciones de seguridad y tranquilidad de los sectores vulnerables del país.

Participaci�n Ciudadana rechaza argumentos de Leonel Fern�ndez y lamenta actitud del procurador Dom�nguez Brito

2012-11-14 16:56:18

Los argumentos ofrecidos por el Dr. Leonel Fernández en su reciente discurso a la nación, permiten confirmar que se han violado la Constitución y las leyes en la generación del mayor déficit fiscal que ha tenido el país, en toda su historia, desde que se llevan registros oficiales.

La reducción de los ingresos a la que alude como una de las causas del déficit, debió llevarlo como presidente de la República a contraer el gasto y no a aumentarlo, como lo hizo, violando el artículo 44 de la Ley de Presupuesto que señala que “las apropiaciones aprobadas por el Congreso de la República constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a disponibilidad efectiva de los ingresos estimados”.

El aporte que debe hacerse cada año al Banco Central para cubrir el déficit cuasi fiscal tampoco explica el déficit del año 2012 en razón de que dicho aporte ya estaba consignado en el presupuesto aprobado por el Congreso para este año, mientras que el subsidio adicional eléctrico solo representa un 20% del enorme déficit proyectado para este año y reconocido en su discurso por el Dr. Fernández.

Una de las causas más importante del déficit ya había sido reconocida por el ministro Temístocles Montás cuando en declaraciones recientes señaló que el gasto público se expandió en más de un 2% del PIB porque el presidente Fernández “entendía” que debía terminar sus obras, lo que representó un gasto, por encima de lo presupuestado, entre 50 y 60 mil millones de pesos adicionales.

El déficit puede ser utilizado como un instrumento de la política económica de cualquier país, pero siempre debe obedecer a ciertas normas de carácter legal y constitucional, sin cuyo cumplimiento sería ilegal. En Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado el presidente Obama estuvo a punto de cesar a 800,000 empleados federales y paralizar las operaciones del gobierno sencillamente porque la mayoría republicana en la Cámara de Representantes no le había aprobado aumentar el déficit, y estaba consciente de que gastar un solo centavo por encima del déficit autorizado comprometía su responsabilidad política y penal.

Sin embargo, en nuestro país, antes de que el Congreso aprobara el 13 de julio de este año la Ley de Presupuesto Complementario, ya el gobierno, por instrucciones del Dr. Leonel Fernández, según lo declaró el ministro Montás, había excedido ampliamente el déficit autorizado en la Ley de Presupuesto General del Estado. La posterior aprobación del presupuesto complementario no borra las violaciones ocurridas con anterioridad pues la misma no contiene una amnistía al respecto.

Por otro lado, nos ha generado una profunda decepción que el Procurador General de la República no cumplió con su deber de realizar una profunda investigación sobre las causas que generaron el déficit y entre las motivaciones para rechazar la denuncia interpuesta por Alianza País, admitió sus sentimientos personales hacia el expresidente, los que precisamente les impedían conocer y decidir la misma. La declaración del Licenciado Francisco Domínguez Brito tampoco se refiere a los contenidos de malversación y sobrevaluación de obras que incluye la instancia, ni a la posible responsabilidad de los otros funcionarios señalados, es decir el senador Félix Bautista y el ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.

El artículo 123 del Código Penal sanciona con penas de prisión a los funcionarios públicos “que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes”, sin importar cuáles sean estas leyes. Corresponde al ministerio público investigar si existió esta coalición de funcionarios para violar la Constitución de la República, cuyo artículo 236 establece que “ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviera autorizada por la ley”, o que obliga a que el gasto público obedezca a criterios de transparencia, planificación, eficiencia, prioridad y economía.

En los últimos años se han aprobado leyes importantes que contienen disposiciones precisamente para evitar lo que enfrentamos este año y corresponde a la Cámara de Cuentas, al Congreso Nacional y al Ministerio Público investigar si han sido violadas la ley Orgánica de Presupuesto, la de Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la del Sistema de Administración Financiera del Estado, la del Ministerio de Hacienda, la del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la de Planificación de la Inversión Pública, la de Tesorería, la que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, la de Crédito Público, entre otras.

La forma en que se gastó el dinero público en los primeros ocho meses del presente año no puede ser ocultada porque corresponderá al pueblo pagar las consecuencias con sudor y lagrimas y los detalles terminarán por salir tarde o temprano, comprometiendo la responsabilidad de los autores del más grande desafuero económico de los últimos tiempos, y llenando de vergüenza a los que no cumplieron con su obligación desde las posiciones que les tocó desempeñar.

Participación Ciudadana lamenta las muertes de las personas por miembros de la Policía Nacional y recuerda al Presidente Danilo Medina, que una de las funciones esenciales del Estado es la protección efectiva de los derechos de las personas, por lo que debe ofrecer el debido amparo y garantía para el goce y disfrute de los derechos ciudadanos.

CONSEJO NACIONAL
14 de noviembre de 2012

Transparencia y Calidad de la Democracia

2012-10-29 11:10:08

El reclamo de transparencia que se vive en la actualidad en muchos países está íntimamente relacionado con la corrupción que afecta directamente la calidad y sostenibilidad de nuestras democracias. No se trata de una moda, ni de unslogan, ni de una manía persecutoria de algunos ciudadanos indignados. Se trata de un reclamo frente a la ruptura de los lazos de representación, a la pérdida de la confianza en las instituciones y a la insatisfacción con una forma de organización política que parece haber perdido de vista sus objetivos y promesas.

La democracia es mucho más que celebrar elecciones periódicas, más o menos limpias y justas. La democracia electoral es sólo el primer eslabón de un sistema que supone, en esencia, la plena y libre participación de las personas, en un marco de inclusión e igualdad, en el que se respetan los derechos y libertades de todos -ciudadanos y gobernantes-, donde rige el Estado de Derecho y nadie está sobre la ley, porque el gobierno no es absoluto y está sujeto a controles para garantizar que la acción política esté orientada al bienestar general.

Cada uno de estos elementos del sistema democrático está íntimamente relacionado con la transparencia. El concepto de transparencia es como una moneda de dos caras; una vinculada a la información y la apertura, la otra referida a la integridad y la ética. Esta doble exigencia ínsita en el concepto de transparencia es central para entender la potencialidad de la transparencia como mecanismo para prevenir y luchar contra la corrupción y como herramienta para el fortalecimiento de la democracia y la mejora de su calidad.

Veamos cuál es la conexión entre la transparencia y las condiciones esenciales de la democracia. Las elecciones son en nuestra democracia representativa un elemento central para la participación. ¿Podemos hablar de elecciones democráticas si no se garantiza información en cuanto al sistema electoral, los candidatos, la forma de ejercer el sufragio y la forma de contar los votos para declarar un ganador? Evidentemente no. ¿Podríamos decir que una elección es democrática si no se garantiza la integridad de la autoridad electoral o si se tergiversan los resultados para favorecer a alguno de los candidatos? Evidentemente no. No hay elecciones democráticas sin transparencia.

Pero las elecciones no son la única forma de participación de los ciudadanos. Las democracias modernas reivindican el adjetivo de "participativas", reforzando las instituciones formales e informales que convocan a la sociedad a tomar parte activa en los procesos decisorios. Mecanismos como la iniciativa popular, la legislación directa, el referéndum, el plebiscito, las audiencias públicas, los presupuestos participativos -entre otros- garantizan nuevos espacios de intervención ciudadana. ¿Podrían ser algo más que mero maquillaje democrático si los ciudadanos no contaran con información oportuna y completa respecto a las cuestiones discutidas? ¿Se ampliaría la participación efectivamente si se discriminara a quienes pueden intervenir en función de algún interés particular, o por el intercambio de favores? Evidentemente no. La transparencia es esencial en las nuevas formas de participación.

La transparencia es central en el ejercicio del gobierno. ¿Es democrático que un gobierno niegue el acceso a la información pública a sus ciudadanos? No. ¿Es democrático que un gobierno no respete los límites impuestos por las leyes y se comporte arbitrariamente? Evidentemente no. ¿Es democrático que las decisiones de políticas públicas estén orientadas al beneficio personal de los funcionarios o sus amigos, o que sean devolución de favores, en lugar de estar orientadas al logro del bienestar general? Evidentemente no. La noción de buen gobierno o gobernanza tiene en la transparencia uno de sus principales ejes.

La democracia implica un gobierno sujeto a la ley y respetuoso de los derechos y libertades de la sociedad y ello supone la existencia de controles efectivos para evitar abusos y corregir desviaciones; para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios y el principio de rendición de cuentas -característico de cualquier relación de mandato. La transparencia también tiene que ver con esto. ¿Puede hablarse de control cuando el controlador depende del controlado? Evidentemente no. ¿Puede hablarse de una democracia de calidad si no se garantiza la independencia de los jueces? No. ¿Es compatible con una democracia sólida la impunidad frente a la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos? No. ¿Se pueden hacer efectivos los controles en un ambiente de opacidad y secretismo? Evidentemente no. Otra vez, la transparencia información y la transparencia-integridad juegan un papel clave en la calidad de la democracia.

A diario vemos en las noticias, la irrupción de protestas contra gobiernos corruptos e ineptos. Desde la Primavera Árabe a los Indignados de Puerta del Sol apreciamos a grupos sociales importantes que reclaman una democracia no sólo formal, sino una democracia auténtica, una democracia sustancial o sustantiva.

La corrupción afecta las bases mismas de la relación de representación. Los ciudadanos no se sienten representados en sus intereses y necesidades. Los representantes son percibidos como agentes de intereses diversos -algunos legales, otros incluso ilegales- que compran influencia y decisiones y llegan a veces a configurar la captura del Estado. La percepción de corrupción que afecta esencialmente a las instituciones políticas socava la legitimidad del sistema y genera desconfianza en instituciones y líderes.

Cuando la corrupción avanza, la democracia retrocede. La igualdad es reemplazada por el favoritismo, la discrecionalidad, el nepotismo y el clientelismo. El acceso a la información se restringe. La libertad de prensa y de expresión sufren detrimento. Cualquier mecanismo es bueno para lograr el silencio y la opacidad. Los controles pierden autonomía y capacidad. Los mecanismos de participación se transforman en meros esperpentos o son parte de un relato que pretende imponer la idea de una democracia plena.

La corrupción afecta también lo que podríamos llamar las prestaciones de la democracia. La malversación de fondos públicos, el diseño interesado de políticas públicas o la implementación defectuosa de las decisiones afectan seriamente el desarrollo humano de un país, estancando o deteriorando los niveles de la educación y la salud pública. Por otra parte, la corrupción afecta la competitividad del país, genera inseguridad jurídica y atenta contra el crecimiento y la inversión.

El fenómeno de la corrupción no es exclusivo de algunas regiones o culturas. La corrupción puede aparecer en países ricos o pobres, centrales o periféricos. Basta una revisión de las noticias del día en los portales internacionales para observar los reportes de escándalos de corrupción; de Italia a Estados Unidos, de Bangladesh a Alemania, de Nigeria a Buenos Aires; de la FIFA a los bancos de inversión; del financiamiento de las campañas a la asignación de planes sociales; como dice el refrán español: en todos lados se cuecen habas. La diferencia radica en la forma en que las sociedades reaccionan frente a la corrupción y esa forma de reacción determina en parte la percepción de corrupción sobre cada país.

Transparency International da a conocer anualmente el Índice de Percepción de Corrupción en el que los países percibidos como más transparentes obtiene una calificación de 10 y los percibidos como más corruptos se acercan a 0. Veamos cuál es la situación en América para el Índice 2011^[1].

La crisis de representación de la que venimos hablando en la región desde hace una década se ha caracterizado por la pérdida de confianza en las instituciones, particularmente las instituciones políticas. Los partidos políticos aparecen como la institución que menos confianza merece de los ciudadanos. El Barómetro Global de Corrupción^[2], otro instrumento de Transparency International que consulta de opinión pública en más de 100 países, señala a los partidos políticos como la institución más afectada por la corrupción en la mayoría de los países. Siendo los partidos políticos esenciales en el modelo de democracia vigente la cuestión se vuelve preocupante.

A pesar de todo, el Latinobarómetro^[3] refleja que una mayoría de la población mantiene el apoyo a la democracia como sistema de gobierno frente a cualquier alternativa autoritaria o de facto. El dato es positivo, pero no nos exime de la responsabilidad que nos compete a todos -dirigentes y ciudadanos de a pie- de contribuir al fortalecimiento de nuestras democracias.

El apoyo a la democracia no está exento de críticas. El Latinobarómetro detecta bien el perfil de "demócratas insatisfechos" que se advierte en nuestras sociedades. Las políticas públicas no han logrado en muchos casos cumplir con las promesas de la democracia formuladas expresamente -o entendidas tácitamente- en el momento de la restauración de los regímenes democráticos. La sociedad quiere elecciones, pero también reclama políticas que satisfagan sus necesidades de salud, educación, vivienda, transporte, que apunten a la reducción de la pobreza y la generación de oportunidades de trabajo y desarrollo personal y colectivo. La corrupción, el clientelismo, el mal manejo de los recursos estatales son algunos de los factores que conspiran contra el objetivo central de la democracia que es el bienestar general.

La transparencia puede contribuir a fortalecer la gobernanza a través de políticas públicas orientadas al desarrollo humano y al crecimiento económico; puede facilitar el control y la participación; puede mejorar los niveles de integridad en la gestión pública, recomponiendo así los lazos de confianza entre gobernados y gobernantes. La transparencia actúa como antídoto contra la corrupción porque aumenta el riesgo al que se exponen quienes se involucran en tratos corruptos. En fin, la transparencia puede contribuir a elevar la calidad de nuestras democracias.

¿Qué medidas concretas deberían ponerse en marcha? En primer lugar, la garantía efectiva del derecho de acceso a la información pública. No sólo a través de la regulación de un proceso formalista de pedidos de informe, sino también mediante la implementación de iniciativas de apertura gubernamental. La apertura informativa, a su vez, facilita una participación activa e informada de la ciudadanía, para lo cual es necesario implementar mecanismos reales de intervención y crear los espacios aptos para esa participación. Las consultas y audiencias no pueden ser utilizadas sólo como una forma de apariencia democrática.

Es indispensable reforzar la integridad en la función pública, a través de leyes de ética que recojan los principios guía de la conducta funcionarial. Los códigos de ética pública deben incluir instancias y procedimientos que prevengan, detecten y eliminen los conflictos de interés en la gestión, regulando el problema de las incompatibilidades y el fenómeno de la "puerta giratoria". Se debe penalizar también el enriquecimiento ilícito, la venta de influencia, el soborno, entre otras conductas.

Fortalecer los mecanismos de control es central para poder instalar un gobierno transparente y libre de corrupción. Para que el control sea efectivo y eficaz debe reunir tres condiciones básicas: debe ser independiente desde el punto de vista político; debe tener capacidad y contar con los recursos necesarios y debe tener competencia y legitimidad para ejercer en plenitud sus funciones. El control es indispensable para poner en marcha la responsabilidad de los servidores públicos. Esa responsabilidad exige, por un lado, la rendición de cuentas y, por otro, la asunción de las consecuencias de la inconducta.

Un control eficaz y un marco de apertura y libertad de información son condiciones básicas de transparencia e integridad que permiten terminar con la impunidad. Si los actos corruptos no tienen consecuencias para sus actores; si no hay reparación de daños; si todo da igual; si las causas terminan prescribiendo, no hay ningún incentivo para corregir situaciones disvaliosas y la democracia seguirá cautiva de los intereses personales de los poderosos de turno. Terminar con la impunidad es central para mejorar la calidad de la democracia.

Todas estas medidas contribuirán a mejorar los niveles de transparencia y a prevenir y evitar la corrupción. Pero el problema de la corrupción no es sólo un problema legal o institucional; es también un problema cultural y social. La corrupción no terminará mientras las sociedades sigan tolerando con indiferencia la falta de integridad en el ejercicio del poder y la opacidad en el manejo de los recursos públicos. La transparencia requiere un compromiso de participación ciudadana. Es indispensable generar una demanda de transparencia que se traduzca en el voto popular. "Roban, pero hacen" no puede seguir siendo el justificativo para tolerar la corrupción.

El desafío es importante. Dejemos de ser demócratas insatisfechos y seamos ciudadanos activos, informados y participantes. Involucrémonos en la reconstrucción de los consensos valorativos básicos de la sociedad y revaloricemos la integridad y los principios de la democracia como sistema de vida y no sólo como mecanismo de elección de autoridades.

El compromiso para mejorar la calidad de la democracia podría sintetizarse en la fórmula de "las 4 i": más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia.

Síntesis de la conferencia brindada el 25 de Octubre de 2012 en el Conversatorio Santiago - Pensar para Proponer, organizado por la Oficina Senatorial de Santiago. Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Consultora Internacional. Miembro del Board de Transparency International. www.deliaferreira.com.ar

[1]http://cpi.transparency.org/cpi2011/
[2] http://gcb.transparency.org/gcb201011/
[3] http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp

Respetemos La Constituci�n: Las Leyes Tributarias Son Leyes Org�nicas

2012-10-27 09:02:31

Ha causado sorpresa la declaración del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, en el sentido de que las leyes tributarias no son leyes orgánicas, lo que permite prever que el gobierno, que no quiso llegar a un consenso en el seno del Consejo Económico y Social, tampoco quiere hacerlo en el Congreso Nacional.

El artículo 112 de la Constitución prevé que para la aprobación de las leyes orgánicas se requiere del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras, y califica como orgánicas las que regulan “el régimen económico y financiero”.

La Constitución dominicana está dividida en títulos, y los títulos en capítulos, y los capítulos en secciones. El título XI se denomina “DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS”. Esto implica que todo lo que está incluido en este título, incluyendo sus capítulos y secciones, es materia de las leyes orgánicas por mandato del artículo 112 antes citado.

El Capítulo II de este título de la Constitución se denomina “DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” y dentro de este capítulo se encuentra la sección III denominada “DE LA TRIBUTACIÓN”. Entonces, no cabe duda alguna de que la tributación es materia económica y financiera y por tanto es materia de las leyes orgánicas.

Las leyes orgánicas han sido introducidas en la nueva Constitución para obligar a los partidos políticos a consensuar temas de gran trascendencia, como indiscutiblemente lo es la materia tributaria y evitar que algún partido pueda imponer en este tipo de materia una mayoría absoluta que pueda poseer temporalmente. El consenso solo beneficia a la ciudadanía, sin importar cuál sea el partido que deba ser tomado en cuenta para alcanzar la mayoría calificada requerida.

Participación Ciudadana informa al país que en caso de que la reforma tributaria que acaba de ser introducida al Congreso sea aprobada con una mayoría distinta a la que requiere la Constitución para las leyes orgánicas, elevará una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Consejo Nacional

Ante la propuesta tributaria del Gobierno

2012-10-10 11:08:20

Después de analizar la propuesta tributaria presentada por el Gobierno ante el Consejo Económico y Social (CES), Participación Ciudadana desea presentar su posición al respecto:

1. Como integrantes del CES insistimos en que lo procedente es un pacto fiscal de largo alcance, como lo contempla la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada a principio de año y reivindicada en el programa de gobierno y los planteamientos de campaña del presidente Danilo Medina. Nos complace que el gobierno aceptara los principios básicos para un Pacto Social que fueron consensuados por los integrantes del CES, que proclaman la integralidad de la reforma para un desarrollo humano sostenible, que no dependa del endeudamiento y que estimule la productividad y la competitividad, la inversión y la exportación, partiendo del radical mejoramiento de la calidad del gasto, suprimiendo el dispendio, con plenitud de transparencia y sanción de la corrupción.

2. Damos crédito al gobierno por haber transparentado un déficit fiscal que ronda los 183 mil millones de pesos y que como reconociera el ministro de Economía “hace insostenibles las finanzas públicas”. La causa principal del enorme déficit fue denunciada en cada uno de los seis informes de observación preelectoral que Participación Ciudadana divulgó al país entre noviembre de 2011 y mayo de 2012, y que puede resumirse en un gasto público desbordado e irresponsable, con fines puramente electorales, en clara violación a la Ley General de Presupuesto y a la Constitución de la República.

Se trata de una práctica a la que han recurrido los partidos gobernantes desde 1970 pero desde el 2008 se inició una desbocada carrera de gasto que ha roto todos los parámetros de prudencia y sensatez, como si no hubiese límite alguno al uso del dinero público. No se puede resolver el problema sin sancionar a los que lo crearon, pues estaríamos validando que se repita en cada elección pasándole posteriormente la cuenta a la ciudadanía a través de mayores cargas tributarias.

3. Ante el grave desequilibrio de las finanzas públicas reconocemos que la sociedad dominicana tendrá que incrementar su contribución, pero en dimensiones que no agraven la situación general de pobreza, desempleo y dificultades competitivas del aparato productivo y con previas e inequívocas garantías de que se pondrá límites al despilfarro y la malversación generalizada que han dejado el país en los últimos escalones en materia de corrupción y falta de transparencia en las evaluaciones del Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional y otros organismos internacionales.

4. Los análisis de la economía nacional muestran que seis reformas tributarias elevaron considerablemente los ingresos fiscales en la última década, pero que creció mucho más el despilfarro y la corrupción, la inversión de escasa rentabilidad, sin atender a prioridades y que el empleo y las pensiones incrementaron la nómina pública en 70 por ciento en los últimos cinco años, provocando durante este período un déficit fiscal que sobrepasa los 350 mil millones de pesos, con un financiamiento que duplicó la deuda pública.

5. Contrasta visiblemente que el gobierno haya sido tan minucioso en señalar las nuevas cargas tributarias que propone y tan parco en precisar los renglones que integrarán su promesa de reducir el gasto en 1.9 por ciento del producto bruto interno, desconociendo el clamor generalizado de que esta vez se ponga delante la reducción del dispendio y la corrupción, más aún cuando esta propuesta fue elaborada en medio de escándalos por niveles ofensivos de liquidaciones y pensiones en instituciones del Estado y precisamente en funcionarios del área económica. Hemos reconocido las medidas de austeridad dispuestas por decreto del presidente Danilo Medina, pero es evidente que las mismas deben ser profundizadas.

6. Asumimos el proyecto gubernamental como una propuesta y entendemos que merece una respuesta firme de toda la sociedad y en especial de los representantes en el CES, que esta vez no deben permitir que los dividan los intereses sectoriales y el tráfico y la compra de conciencia que han caracterizado el accionar público durante años de pretendida concertación social, burlada una y otra vez como ocurrió con el cumplimiento de la Ley General de Educación que dispone el 4 por ciento del PIB para ese sector. Celebramos que la propuesta gubernamental contemple la reivindicación del compromiso por la educación.

7. Por todo lo anteriormente expresado adelantamos que propondremos en el seno del CES que antes de discutir nuevos tributos el gobierno presente un plan detallado de reducción del gasto de manera que los altos estamentos del Estado carguen con una parte del costo del despilfarro, disponiendo por lo menos lo siguiente:

a) El total esclarecimiento de las acciones que generaron el mayor déficit fiscal de la historia nacional y que se rinda un minucioso informe sobre las violaciones a la Constitución y las leyes, asignando las responsabilidades de lugar.

b) Una reducción de altos cargos, administrativos, diplomáticos y consulares para retrotraer la nómina pública a los niveles de diciembre del 2010, antes que iniciara la última campaña electoral, así como la reducción salarial de los restantes.

c) La supresión de una serie de organismos inoperantes como la Corporación de Empresas Estatales, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, el Instituto de Estabilización de Precios, el Consejo Estatal del Azúcar, la Comisión Presidencial de Apoyo al Sector Salud, entre otras.

d) La fusión de los organismos con duplicidad de funciones en los ámbitos de obras públicas, transporte, asistencia social y agropecuaria, comenzando por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que en vez de supervisar compite con el Ministerio de Obras Públicas.

e) La creación de un solo consejo de administración de las empresas estatales del sector energético, y la reducción de otros que son innecesarios, así como la reconversión en honoríficos de aquellos que sean indispensables.

f) La revisión definitiva de contratos de adquisición de energía eléctrica y de compra de carburantes que implican pérdidas por miles de millones de pesos que agravan la situación del sector energético y encarecen el ineficiente servicio. Al mismo tiempo un compromiso de hacer pagar a los grandes expropiadores de energía.

g) Supresión de los barrilitos y cofrecitos que se han atribuido los legisladores para el reparto clientelista, práctica de claro corte inconstitucional pues rompe la equidad electoral, además de que el asistencialismo social no figura entre sus atribuciones, lo que ahorraría cientos de millones de pesos anuales. También la supresión de la venta de exoneraciones de automóviles con lo que gran parte de los legisladores hacen negocios auspiciando la importación de vehículos de lujo.

h) La reintroducción al Congreso del proyecto original de Ley de Regulación de los Salarios Públicos elaborado por el Ministerio de Administración Pública con amplias y extensas consultas, deformado por los legisladores, y que no haga excepción de ningún estamento estatal en sus alcances.

i) La revisión de todas las pensiones desproporcionadas y privilegiadas otorgadas tanto por el Poder Ejecutivo como por estamentos del Estado, así como la devolución de las liquidaciones de funcionarios que continuaron en sus posiciones.

j) Modificación de la ley electoral para reducir el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos para que se otorgue tan sólo en los años de elecciones.

Consejo Nacional
10 de octubre de 2012

D�a mundial del acceso a la informaci�n p�blica

2012-09-28 09:40:17

El derecho a la información pública emana del derecho fundamental de la libertad de opinión y expresión, en el que se expresa la garantía “… de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación, por cualquier medio de expresión”. A pesar de la declaración de este derecho, en la práctica, es necesaria la existencia de mecanismos legales que permitan el ejercicio pleno de estas garantías fundamentales.

La República Dominicana cuenta con la Ley General de Libre Acceso a la información Pública (200-04), la cual constituye el instrumento jurídico, que obliga a las instituciones destinatarias de fondos públicos a transparentar sus acciones y una herramienta que procura garantizar el derecho fundamental de acceder a la información pública, para permitir el derecho a la participación de la ciudadanía en el monitoreo de la cosa pública.

Participación Ciudadana procura la efectiva aplicación de la normativa y el seguimiento del nivel de cumplimiento de la ley en las instituciones destinatarias de fondos públicos, a través del “Monitoreo a la Aplicación de la Ley No. 200-04”, demandando información pública en el ejercicio del control social a nivel municipal, en los procesos de reforma de la administración pública, en el impulso de mecanismos y políticas de promoción de la transparencia, en el sector salud, en el sector educación, en los programas sociales de ¨lucha contra la pobreza¨, entre otros.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho al Saber, compartimos experiencias que constituyen avances y retrocesos que potencializan y obstaculizan la incidencia, la demanda y las reivindicaciones ciudadanas para la implementación plena de la Ley General de Libre Acceso a la Información.

Ausencia Órgano Rector Independiente y Autónomo

La Ley de Acceso a la Información Pública, carece de un órgano independiente dedicado especialmente al control, vigilancia y promoción de la ley, hechos que sumados a otros de índole estructural, en una cultura autoritaria, está ocasionando muchos escollos para el acceso a la información pública.
Participación Ciudadana está convencida de que el camino hacia una sociedad transparente con altos índices de credibilidad y legitimidad institucional es largo y empedrada.

La República Dominicana no cuenta con un órgano rector autónomo que cumpla con la función de control, de socialización y difusión del derecho de acceso a la información, no obstante el esfuerzo de elaboración de un anteproyecto de Ley que crearía el Instituto Dominicano de Acceso a la Información.

La actual gestión ha dado atribuciones a la recién creada Dirección General de Ética e Integridad Institucional para la asistencia de las Oficinas de Acceso para su pleno funcionamiento, evaluar sus niveles de cumplimiento y standarización, promover la creación de las mismas, dar seguimiento a las instituciones para que se visibilicen la información de libre acceso basado en la cultura de transparencia y rendición de cuentas. También deberá supervisar el control del acceso y satisfacción del servicio, así como de conocer los recursos jerárquicos que se interpongan frente a la displicencia, negligencia o negativa de las instituciones gubernamentales a suministrar la información, para evitar la judicialización de la solicitud de información hecha por el ciudadano.

Participación Ciudadana valora esas iniciativas pero las califica como insuficientes, para garantizar el adecuado acceso a la información pública frente a los retrocesos y resistencias presentadas por parte de los poderes del Estado.

Sentencias de la Suprema Corte de Justica y Decisión del Tribunal Constitucional en materia de Acceso a la Información

Participación Ciudadana valora como negativas, frente a los avances alcanzados en materia de acceso a la información pública, las sentencias evacuadas por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia Nos. 03-2010-01048, 03-2010-02690, 03-2010-02126, 03-2010-04120 y 03-2010-04121 de fechas 15 de febrero, 29 de febrero, 7 de marzo, 14 de marzo del 2012, respectivamente, en la interpretación dada a la Ley de Acceso a la Información Pública, vulnerando el principio de convencionalidad del Sistema Interamericano de Derecho Humanos.

Estas sentencias sientan un funesto precedente, que desdicen el propósito de los valores que enaltece ese poder del Estado y contradicen los principios éticos de transparencia de los fondos públicos y de la rendición de cuentas que sustenta el Código de Comportamiento Ético del Servidor Judicial. Si bien es cierto que existen intereses contrapuestos entre el derecho de libre acceso a la información pública y la protección de datos personales, sustentado entre la frontera del interés general del control ciudadano y el interés particular del derecho a la protección de los datos personales, tutelados por el derecho a la intimidad, no es menos cierto que concurre un interés superior y de orden público cuando se maneja fundos públicos frente a los intereses de los ciudadanos del derecho a saber sobre el uso adecuado de esos fondos y quiénes son sus beneficiarios. Aquel que asume una función, independientemente de los niveles jerárquicos, tiene que tener claro que su ejercicio es público y está sometido a la publicidad y al control social, por lo que es mandatorio la presentación detallada de la información cuando es requerida.

Las nóminas públicas de las instituciones del Estado son “públicas” en vista de que las mismas se vinculan a la ejecución de fondos públicos consignados en el presupuesto, por lo que es obligación de las instituciones dar publicidad a éste tipo de información en beneficio de su propia gestión, la transparencia de los fondos que de ellas se hace uso y la rendición de cuentas.

Participación Ciudadana valora la decisión del Tribunal Constitucional al rechazar en cuanto al fondo el recurso interpuesto por la Cámara de Diputados contra la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, y reafirmar la obligación de transparencia en todo el Estado. El TC ponderó los derechos en conflicto y reafirmó que el derecho a la intimidad es un valor del sistema democrático, el cual no puede restringir el derecho al libre acceso a la información pública a riesgo de desproveer a la ciudadanía de herramientas para controlar el uso y manejo de los recursos públicos.

Participación Ciudadana, en el día mundial de acceso a la información pública, exige el cumplimiento de la Constitución, del principio de convencionalidad, de la Ley de Acceso a la Información Pública, y llama a los poderes del Estado a valorar los mensajes negativos que se envían sobre la interpretación inadecuada de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, los cuales favorecen al uso inadecuado de los fondos públicos, a la corrupción y a la impunidad.

Participaci�n Ciudadana respalda posici�n del procurador general reabriendo la investigaci�n en el caso F�lix Bautista

2012-09-28 09:31:15

La forma apresurada y el momento escogido por el director de la Dirección de Persecución contra la Corrupción Administrativa (DPCA) Hotoniel Bonilla, para dictar un auto de archivo definitivo de la investigación contra Félix Bautista, apenas días antes del cambio de gobierno, generó un profundo malestar en la ciudadanía, situación que acaba de ser corregida por la decisión del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito al solicitar a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia la revocación del archivo definitivo, a los fines de que el ministerio público pueda investigar las denuncias presentadas por presuntos actos de corrupción cuando éste se desempeñaba como Encargado de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OSOE).

Participación Ciudadana respalda la medida adoptada por el Procurador General de la República, pues contribuye a devolver la confianza que debe existir en todos los casos de denuncias de corrupción, sin importar a quién involucre, para que sean investigados en forma seria y profunda.

En cada ocasión en que se presenta una denuncia de corrupción, corresponde al ministerio público realizar las pesquisas pertinentes para localizar y recolectar las evidencias, que permitan sustentar la acusación y obtener la sanción correspondiente.

Frente a las múltiples denuncias contra el senador Bautista, presentadas ante el ministerio público, y reveladas por medios de comunicación, resulta inconcebible la inercia del titular de la acción penal pública.

Varios medios de comunicación escritos y televisivos, como por ejemplo La Lupa, han intentado obtener información pública de los concursos, contratos de obras y cubicaciones, y se les ha negado la misma en violación a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
Es de esperar que las investigaciones sean conducidas por personas distintas a las que produjeron el archivo definitivo de las mismas, y que puedan obtener toda la información que se les ha negado a los medios, para que la misma sea sometida a expertos independientes de los costos de construcción y las posibles sobrevaloraciones de las obras.

Participación Ciudadana reafirma la necesidad de contar con un ministerio público que cumpla con su misión de perseguir los actos de corrupción, recaudar las pruebas, presentar la acusación y obtener una sanción, para que se destruya el nefasto precedente de que aquellos que manejan de forma impropia los fondos públicos puedan gestionarse la impunidad de sus actos.

Confiable y que sustente acusaciones en base a pruebas objetivas, en correspondencia a una política y de comprobar los hechos denunciados, someter a los responsables de la información a expertos independientes los costos de construcción y las denuncias sobre posibles sobrevaloraciones de las obras.

Consejo Nacional

Transparencia Internacional insta a la gesti�n justa y responsable del Fondo Verde para el Clima

2012-08-23 07:43:04

Participación Ciudadana, como capítulo dominicano de Transparencia Internacional, y en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Transparencia, Responsabilidad e integridad en la Gobernabilidad Financiera Climática”, que ejecuta junto esta organización y otros 5 capítulos: México, Perú, Bangladesh, Maldivas y Kenia; acoge con satisfacción la declaración de este grupo anticorrupción de instar hoy al Consejo del Fondo Verde para el Clima a dar a los ciudadanos una voz mucho mayor en sus sesiones si se espera seguir adelante con su objetivo declarado de ser "transparente y responsable" en sus esfuerzos para proteger nuestro planeta contra los efectos del cambio climático.

Esta semana se estarán tomando las decisiones cruciales sobre la mejor forma de gestionar hasta 100 mil millones de dólares al año para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los efectos del cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en la reunión inaugural del Consejo del Fondo Verde para el Clima en Ginebra, Suiza.

"Necesitamos un equilibrio entre la urgencia de lograr resultados y la diligencia exigida para proteger los recursos para el Cambio climático y garantizar su eficacia", declaró Lisa Ann Elges, Jefa de Financiamiento Climático de Transparencia Internacional.

Participación Ciudadana, al igual que Transparencia Internacional, entiende que los observadores de la sociedad civil al Fondo Verde para el Clima pueden aportar un conocimiento importante, experiencia e imparcialidad para ayudar a diseñar políticas que son fuertes y adaptadas a las necesidades de la gente. En ese sentido, la propuesta actual permitirá a dos observadores de la sociedad civil que participen activamente en las reuniones del consejo - uno de un país desarrollado y otro de países en desarrollo - mientras que el resto de la sociedad civil tendrá que monitorear el proceso desde las líneas laterales. Esto representa un gran desafío para el logro de una participación significativa.

La transparencia, debe llevarse a cabo de manera más proactiva y en este orden se recomendó al Consejo del Fondo Verde para Clima, transmitir sus reuniones por la web, buscando, lo más posible, la celebración de debates abiertos, reuniones transparentes y la creación de canales para que la gente contribuya de manera más significativa a las actividades del fondo mediante el intercambio de información, conocimientos e ideas.

Contacto en Participación Ciudadana:

Carlos Pimentel

Responsable del Programa de Transparencia

c.pimentel@pciudadana.org

Lizzy Solano

Coordinación Técnica Proyecto Gobernabilidad Financiera Climática

l.solano@pciudadana.org

PC califica positivo discurso de Danilo Medina

2012-08-17 12:57:14

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana calificó como altamente positivo el discurso del nuevo presidente Danilo Medina en sus planteamientos generales debido a que concreto en los ámbitos fundamentales de la educación y la salud y del combate a la corrupción, pero con limitaciones sobre los problemas fiscales, las reformas políticas y electorales y los mecanismos para imponer austeridad y reducir el dispendio de los recursos públicos.

El Consejo saludó el anuncio de la próxima convocatoria a todos los sectores sociales para concertar un gran pacto social que en los próximos cuatro años saque de la pobreza a millón y medio de personas.

Destacó que esto es necesario para acordar “soluciones definitivas a los problemas que vienen deteriorando la calidad de vida y limitando nuestro potencial de desarrollo e inclusión social”.

También valoramos la promesa de “pactar con la sociedad una reforma fiscal integral que asegure elevar la calidad del gasto y, a la vez, garantice la disponibilidad de recursos para impulsar las tareas del desarrollo”.

En el discurso se asomó vigorosamente el propósito de un nuevo estilo de gobierno y un modelo de desarrollo más inclusivo, que reduzca las desigualdades, la pobreza, la exclusión social y mejore la calidad de vida de toda la ciudadanía, con “un fuerte reordenamiento de las prioridades y la calidad del gasto público”.

Asimismo es alentador el propósito de enfrentar la corrupción y poner fin a la impunidad y que el presidente se declarara “amoroso con los buenos, los honestos y los humildes e implacable con los deshonestos, los oportunistas y los soberbios”.

Otro punto importante del discurso y que PC espera que se cumpla a cabalidad es que el nuevo gobierno “será intolerante con actos de deshonestidad y el despilfarro de los recursos”, fortaleciendo los instrumentos de prevención, corrección y sanción. Luego habló de “una gestión pública eficiente, transparente y honesta”.

Positivo también fueron los planteamientos Medina de crear la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental para sustituir la desacreditada Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, y el de obligar a todos los funcionarios a suscribir un “Código de Pautas Éticas”.

Educación y salud

El discurso fue explícito en los ámbitos fundamentales de la educación y la salud públicas anunciando su descentralización especialmente en el primero, proclamando la educación como el nuevo nombre de la libertad, y reafirmando que desde el 2013 cumplirá el compromiso de invertir el 4 por ciento del producto interno a la educación preuniversitaria, poniendo atención a una de las demandas más sentidas y sostenidas de la sociedad dominicana.

Participación Ciudadana da un cálido respaldo el proyecto para erradicar definitivamente el analfabetismo en el país.

Hay que saludar también el anuncio de una “Reforma Integral de la Policía Nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía”, lo que permite asumir que implica una desmilitarización de ese organismo para conferirle el carácter de institución civil que hace tiempo se reclama.

De los tres grandes pactos que ha venido enunciando el nuevo presidente, sólo explicitó el de educación y parcialmente el de electricidad declarando este sector “de Alta y Estratégica Prioridad para el Desarrollo Económico Nacional”, pero es obvio que se relegó toda formulación sobre el pacto fiscal, como también cualquier referencia al enorme déficit fiscal con que asume el gobierno.

Otros elementos positivos fueron los planteamientos sobre equidad de género y sobre fondos para promover las micros y pequeñas empresas y la producción agropecuaria.

Omisiones del discurso

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana señaló que el discurso presidencial fue de grandes proyecciones pero con muchas omisiones, por ejemplo de cómo se va a imponer un régimen de austeridad y suprimir el derroche y la malversación de los recursos públicos.

Debemos asumir que será una prioridad para las próximas semanas, ya que el licenciado Medina habló de empezar con el ejemplo, incluso antes de convocar al pacto social.

PC también denunció que fue notable que Danilo Medina ni siquiera aludió a las pendientes reformas a la ley electoral y la aprobación de la ley de partidos políticos.

Se echó de menos también alguna referencia a importantes temas como la protección de los recursos humanos y medio ambiente, el transporte, la producción industrial y la competitividad.

Contradicciones primer decreto con discurso

El Movimiento Cívico no partidista señaló que es inevitable señalar que el primer decreto del presidente marca una cierta contradicción con el discurso. Por ejemplo, fue relevante en el discurso la reivindicación de los derechos de la mujer y la igualdad de género, pero con poca representación en el gabinete.

Por igual se anuncia una reforma integral de la Policía, pero se ratifica el Ministro de Interior y Policía y al titular de la institución encargada del orden público y la persecución del delito.

Lo mismo ocurre con la planteada restructuración y profesionalización del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Participación Ciudadana expresa su aliento al discurso del presidente Danilo Medina, al considerarlo altamente positivo, propositivo y abierto a todos los sectores, con la esperanza de que pronto se inicien las concretizaciones correspondientes.

Entiende que todos los sectores deben colaborar para que se hagan efectivas las rectificaciones planteadas para que esta pieza oratoria se diferencie de otras que se quedaron en el plano de la retórica y pasaron a engrosar volúmenes de promesas incumplidas.-

Consejo Nacional de PC designa nueva Directora Ejecutiva

2012-08-14 07:33:54

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana designó a la Dra. Rosalía Sosa Pérez como nueva directora ejecutiva de la organización.

Previo a esta designación, Participación Ciudadana realizó una convocatoria pública en la que participaron 10 candidatos y candidatas, entre los cuales la Comisión designada, seleccionó una terna la cual fue presentada al Consejo Nacional.

Sosa Pérez ingresó a Participación Ciudadana como miembro activo desde el año 2007 y ha pertenecido al Consejo Nacional, al Comité Coordinador, a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Fortalecimiento Institucional.

Dentro de las funciones que ejercerá la nueva Directora Ejecutiva están las de planificar, coordinar y supervisar las actividades operativas y administrativas de Participación Ciudadana, así como servir de enlace entre los órganos de dirección de la entidad, dando cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Asamblea General, el Consejo Nacional y el Comité Coordinador.

La Dra. Sosa Pérez, sustituye al Licdo. Javier Cabreja renunciante, quien desempeñó con notable éxito sus funciones continuando su trabajo como voluntario, posición con la que se inició en la institución.

Trayectoria de Rosalía Sosa Pérez

La Dra. Sosa Pérez es abogada y economista, con maestría en Planificación de la Economía Nacional, con especialidad en Derecho Penal y doctorado en Derecho.

Ha laborado en los proyectos de reforma y modernización de la justicia auspiciados por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), National Center States Courts, Chemonics International y DPK Consulting, financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Dentro del ámbito docente y docente-administrativo, la Dra. Sosa Pérez ha sido responsable Ad-Honorem de la Cátedra UASD-UNESCO: Cultura de Paz, Derechos Humanos y Democracia, coordinadora de la Cátedra de Derecho Penal y directora de postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Sosa ha coordinado la maestría en Derecho Penal y en la actualidad coordina el Programa Doctoral Sociedad Democrática, Estado y Derecho bajo el auspicio de la Universidad del País Vasco y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.

Asimismo es docente de grado y postgrado tanto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como del programa Doctoral de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, en Santa Cruz, Bolivia y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México, bajo la coordinación de la Universidad del País Vasco. Es facilitadora del Curso Virtual sobre Derechos Humanos auspiciado por la Organización Azmos, País Vasco.

La nueva Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana también es autora de los libros “El derecho a la Defensa en un Estado de Derecho”, “A la Cárcel: La protección de los Derechos por la Justicia”, “La Defensa Pública en la República Dominicana” y “La Presunción de Inocencia”.

Además, es coautora de “Introducción al Estudio del Derecho”, “Análisis de la Situación de la Enseñanza-Aprendizaje de los Derechos Humanos en el Área de Educación Superior, en las Facultades y Escuelas de Derecho” y de la “Constitución Comentada”. Es articulista de la Revista Derecho y Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD y en la revista mensual “Gaceta Judicial”, sobre temas de derechos humanos, derecho procesal penal, derecho procesal constitucional, entre otros.

Debate Acceso a la Informaci�n Vs. Datos Personales en la Rep�blica Dominicana

2012-07-25 13:16:55

25 de Julio, Santo Domingo, Participación Ciudadana realizará el miércoles 1ro de agosto del 2012 un debate sobre la Ley de Acceso a la Información vs. Datos Personales en la Rep. Dom., el panel estará integrado por los destacados juristas:

Dra. Laura Acosta Lora: Abogada que se ha hecho notoria por la defensa del derecho que tienen los usuarios a la información. Fue la jurista de la parte acusadora en el caso Metro/Santo Domingo, donde tubo ganancia de causa y obligando a la OPRET a entregar todos los estudios empleados para la construcción del Metro de Santo Domingo, este caso se convirtió en el primer triunfo ciudadano en la defensa del derecho a la información.
Dra. Berenice Barinas: con un PhD en “Estado y Derecho” es Directora Oficina de Acceso Información Pública en Procuraduría General de la República, en su gestión, en esta oficina ha logrado los mejores índices de evaluación en los diversos ranking y monitoreos de atención al usuario en cuanto a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
Lic. Fabián Díaz: politólogo y periodista, es el actual Coordinador de Unidad de Transparencia del CONARE, se ha destacado en la defensa que la ciudadanía tiene de acceder libremente a la información pública, en el ejercicio de sus funciones ha hecho una cruzada por los diversos niveles de la administración estatal para que se mejoren los estándares de libre acceso a la información.
Dr. Reemberto Pichardo Juan: Abogado procesalista con un master en derecho civil, se ha destacado por llevar la defensa en los tribunales de sectores sociales y organizaciones de la sociedad civil en materia de libre acceso a la información pública

Últimamente se han desatado conflictos, ante la negación de información a ciudadanos que acuden a instituciones públicas en busca de datos tales como: Nóminas de empleados y distintos beneficiarios sociales y demás, los alegatos de las instituciones públicas consisten en que muchas de estas informaciones requeridas por la ciudadanía contienen datos personales, como son los número de cédula, y que de entregar esta información al publico, podrían constituirse en una violación del derecho a la privacidad de las personas que laboran en la diversas instituciones publicas.

Es allí, donde se da un dilema de tipo jurídico, ya que la ley de acceso a la información pública ordena que sea entregada información veras a los usuarios que así lo soliciten, para muchos en los casos de nóminas públicas el número de cedula de identidad permite comparaciones y análisis sobre el personal que labora en las diversas instituciones.

El debate se realizará este miércoles 1ro de agosto, a las 5:30 PM, en el salón Samaná del Hotel Meliá Santo Domingo, el acceso al mismo estará abierto a los interesados, para confirmar asistencia favor llamar a 809-685-6200 ext. 234.

Participaci�n Ciudadana rechaza la anulaci�n de la sentencia caso Bancr�dito

2012-07-19 23:14:16

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El movimiento Participación Ciudadana rechazó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que anuló el juicio que condenó a ocho años de prisión a los banqueros Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, por estafar a los clientes del Bancrédito.

Advirtió que a nueve años de un fraude que sumió al país en la pobreza y del que aún el país no se ha recuperado, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia parece estar preparando el terreno para la impunidad en el caso Bancrédito.

Recordó que el Banco Central llegó a un acuerdo con los imputados del caso Bancrédito, que ha sido criticado por la opinión pública.

“No entendemos cómo una simple carta de la firma auditora KPMG señalando que no emitió un informe de auditoría en el año 2004 que sirvió de prueba en la sentencia condenatoria, puede más que las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos sobre los informes de KPMG”, indicó PC.

La entidad cívica recordó que desde que se conocieron los casos de fraudes ocurridos en los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil en el año 2003, reclamó sanción contra los responsables, como lo hace ahora.

Asimismo, señala que no comprende por qué razón la Sala Penal de la Suprema Corte no valoró la existencia de otras pruebas descritas en las páginas 109 y 110 de la sentencia anulada que corroboran lo contenido en el informe de auditoría del año 2004 en el sentido de que una parte de los activos y pasivos de dicho banco no eran declarados ni a los auditores ni a las autoridades, violando claramente la Ley Monetaria y Financiera.

“Resulta censurable que el Ministerio Público, representado en esta instancia por su más alto exponente, el Procurador General de la República, siga sosteniendo que el simple hecho de haber desinteresado a los querellantes iniciales le impide continuar un caso que implica violaciones a leyes de orden público, pues es lo mismo que decir que al asesino le basta con llegar a un acuerdo con los familiares de su víctima para librarse de la acusación pública”, precisa PC.

Sostiene que el Procurador General de la República se olvida que él es el representante de la sociedad, y que lo que hace con este tipo de argumentación es dejarla huérfana.

“Esta posición del Ministerio Público es inconcebible cuando ha sido precisamente ese Cuerpo, a través de los fiscales especiales Daniel Miranda Villalona, Francisco García y Carmen Alardo, el que sustentó exitosamente la acusación en primer y segundo grado, y ahora su superior cuestiona seriamente la labor realizada”, argumenta PC.

Indica que el nuevo juicio ordenado, con la conciencia de que no habrá Ministerio Público que represente a la sociedad puesto que ha desertado de sus responsabilidades, será un teatro de mal gusto, que no podrá borrar de la conciencia ciudadana que en el Bancrédito hubo un fraude que dañó a todos, como tampoco podrá borrar la sentencia dictada por el Soberano, el Pueblo Dominicano.

PC rechaza femicidios, apoya d�a de luto

2012-07-17 20:20:05

Unas 60 organizaciones de la sociedad civil declararon “día de luto” este miércoles, 11 de julio, por considerar “emergencia nacional” la ola de feminicidios que en menos de seis meses ha cobrado más de 100 vidas en el país.

Las organizaciones convocantes hacen un llamado al país a vestirse de luto todo el día del miércoles 11 de julio contra los feminicidios, a colocar símbolos de luto en las casas, oficinas y vehículos, para apoyar la causa.

Asimismo está programada una vigilia frente al Congreso Nacional, donde entregaran un documento a los y las Congresistas con un pliego de demandas en torno a esta problemática.

La vigilia está programada para este miércoles, 11 de julio, a partir de las 7 de la mañana en la parte frontal del Congreso Nacional.

“Nunca como ahora es tan necesaria la acción social para proclamar un freno firme a esta epidemia de crímenes de género”, señala el llamado.

Las cifras oficiales señalan que en República Dominicana, el 2011 cerró con 230 mujeres asesinadas y que para junio del presente año, los números ya arrojaban 106 víctimas mortales.

“Vístete de negro, blanco, gris, de luto, para protestar en contra de los feminicidios en el país. Concentración en el Congreso Nacional y entrega de documento de 7am a 9am”.

Organizaciones convocantes:

1. Foro Feminista
2. Colectiva Mujer y Salud
3. Red Nacional de Jóvenes
4. Participación Ciudadana
5. Alianza ONG
6. Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora (CIMTRA), CNTD-CASC-CNUS
7. Coalición por una Educación Digna
8. Foro Ciudadano
9. Colegio Dominicano de Periodistas
10. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP
11. Centro de Investigación y Acción Feminista CIPAF
12. PROFAMILIA
13. Red de Periodistas con Perspectiva de Género
14. La Multitud
15. La Revuelta
16. Círculo de Periodistas de la Salud (CIPESA)
17. Colegio Dominicano de Periodistas-Seccional Santiago
18. Coalición ONGSIDA
19. ASOLSIDA
20. Mujeres en Desarrollo Dominicana MUDE
21. Asociación Tú Mujer
22. Centro de Estudios del Género de Intec.
23. Fundación para el Desarrollo de Santo Domingo OESTE FUNDESADO.
24. Coordinadora de Mujeres del CIBAO
25. Fundación Grupo Paloma
26. Núcleo de Apoyo a la Mujer
27. Unión Democrática de Mujeres UDEMU
28. Organización de Mujeres Higüeyanas OMH
29. Centro de Asesoría Legal para las Mujeres CENSEL
30. Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora ASODIFIMO
31. Centro de Planificación y Acción Ecuménica CEPAE
32. Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer CEMUJER
33. Red Dominicana por la Salud de las Mujeres
34. Red de Entidades de personas con discapacidad Física
35. Frente Amplio de Lucha Popular FALPO
36. Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer CUDEM
37. Red de Derechos Humanos de San Pedro de Macorís
38. Fundación por los Derechos del Consumidor FUNDACOM
39. Red Local por una Vida sin Violencia Municipio Santo Domingo Norte
40. Red Local por una Vida sin Violencia Municipio Santo Domingo Este
41. Red Local por una Vida sin Violencia Municipio de Guerra
42. Acción Verapaz
43. Fundación Jibijoa
44. Colectivo de Acción Social para la Promoción del Desarrollo Arcoíris
45. Casa Verde Camila
46. FUNDELOSA
47. Capítulo Dominicano de la Comunidad Internacional de Mujeres ICW Latina
48. Casa Abierta
49. Centro de investigación y Apoyo Cultural CIAC
50. Comunidades de Vida Cristiana
51. Acción Callejera
52. Asociación de Clubes de Mujeres en Acción de Los Cacaos
53. Club de Madres El Desarrollo
54. Instituto de Investigaciones y Estudios de Género y Familia (IGEF-UASD)
55. ODESA
56. INDESUI
57. Red por una Vida sin Violencia (REDAVI) Azua
58. Ingeniería Sin Fronteras.

PC se pronuncia sobre anulaci�n de sentencia BANCR�DITO

2012-07-17 19:40:40

Desde que se conocieron los casos de fraudes ocurridos en los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil en el año 2003, Participación Ciudadana ha tenido un importante activismo reclamando sanción contra los responsables y hoy, ante una sentencia de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que anula la sentencia condenatoria contra los antes condenados y hoy nuevamente imputados en el caso Bancrédito, desea expresar su posición, coherente con sus actuaciones pasadas.

A nueve años de un fraude que sumió al país en la pobreza y del que aún no nos hemos recuperado, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia parece estar preparando el terreno para la impunidad en el caso Bancrédito, sobre todo tomando en cuenta que el Banco Central llegó a un acuerdo con los imputados que ha sido cuestionado por la opinión pública.

No entendemos como una simple carta de la firma auditora KPMG señalando que no emitió un informe de auditoría en el año 2004 que sirvió de prueba en la sentencia condenatoria, puede más que las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos sobre los informes de KPMG. O por qué razón la Sala Penal de la Suprema Corte no valoró la existencia de otras pruebas descritas en las páginas 109 y 110 de la sentencia anulada que corroboran lo contenido en el informe de auditoría del año 2004 en el sentido de que una parte de los activos y pasivos de dicho banco no eran declarados ni a los auditores ni a las autoridades, violando claramente la Ley Monetaria y Financiera.

Resulta censurable que el Ministerio Público, representado en esta instancia por su más alto exponente, el Procurador General de la República, siga sosteniendo que el simple hecho de haber desinteresado a los querellantes iniciales le impide continuar un caso que implica violaciones a leyes de orden público, pues es lo mismo que decir que al asesino le basta con llegar a un acuerdo con los familiares de su víctima para librarse de la acusación pública. Se olvida el Procurador General de la República que él es el representante de la sociedad y que lo que hace con este tipo de argumentación es dejarla huérfana.

Esta posición del Ministerio Público es inconcebible cuando ha sido precisamente ese Cuerpo, a través de los fiscales especiales Daniel Miranda Villalona, Francisco García y Carmen Alardo, el que sustentó exitosamente la acusación en primer y segundo grado, y ahora su superior cuestiona seriamente la labor realizada.

El nuevo juicio ordenado, con la conciencia de que no habrá Ministerio Público que represente a la sociedad puesto que ha desertado de sus responsabilidades, será un teatro de mal gusto, que no podrá borrar de la conciencia ciudadana que en el Bancrédito hubo un fraude que nos dañó a todos, como tampoco podrá borrar la sentencia dictada por el Soberano, el Pueblo Dominicano.

CONSEJO NACIONAL
17 de julio del 2012

Finjus, PC, Adocco apoyan ley sobre declaraci�n jurada

2012-07-04 15:46:41

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Participación Ciudadana (PC) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) favorecieron ayer la aprobación de la Ley Sobre Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito. Consideraron que esa ley erradicaría la corrupción en la administración pública.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus; Francisco Álvarez Valdez, coordinador general de PC, y Julio César de la Rosa Tiburcio, coordinador general de Adocco, coincidieron con el planteamiento del senador de Monte Plata, Charlie Mariotti, de que se legisle para evitar que algunos funcionarios se enriquezcan de manera ilícita. “En este país hay más ricos que empresarios; gente que de la noche a la mañana comienza a exhibir una fortuna que nadie sabe de dónde la sacó. Aquí hay que controlar eso” dijo Castaños Guzmán.

Indicó que es oportuna la aprobación del proyecto de ley promovido por Mariotti y Francisco Domínguez Brito, porque la actual herramienta “no sirve para nada, no establece sistema de consecuencia y no ha sido respetada por muchos los funcionarios”.

En tanto Castaños Guzmán señaló que la propuesta está correctamente articulada, porque establece sistema de consecuencia y una especie de metodología para que lo que se declare sea lo que realmente pueda tener un funcionario.

Álvarez Valdez afirmó que “los niveles de corrupción que tenemos en la administración pública son palpables, evidentes y no se ha producido ninguna reacción del Congreso para aprobar las leyes que frenen la situación, ni del Ministerio Público para perseguir los actos de corrupción que ocurren”.

Además, opinó si los funcionarios no empiezan a actuar con apego a las leyes la sociedad dominicana le pasará factura en los comicios, cuando quieran reelegirse. “Todavía no han habido consecuencias importantes para los funcionarios corruptos, pero las habrá porque ya el ciudadano está exigiendo respeto”.

Mientras De la Rosa Tiburcio, de Adocco, planteó su posición en un comunicado en el que insta a aprobar la ley antes de la toma de posesión del Presidente electo Danilo Medina, por constituir este un instrumento efectivo en la lucha contra la corrupción que permea las instituciones estatales.

Zoom

Necesidad

Los representantes de las tres organizaciones de la sociedad civil advirtieron que estos meses de transición son los adecuados para aprobar la ley, porque permitirá que las declaraciones que deberán hacer los funcionarios al iniciar la gestión de Danilo Medina, puedan ser verificadas si se corresponde con lo declarado.

Confianza

Francisco Álvarez Valdez dijo confía en que Medina frene la corrupción administrativa, porque firmó el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad.

PC estima convenci�n superar�a crisis del PRD

2012-07-04 15:41:21

El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, abogó porque la solución a la crisis del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) la aporten las bases de esa organización política en una convención, porque prolongando la confrontación pierden sus líderes y también la democracia.

Álvarez descartó que con decisiones del Tribunal Superior Electoral (TSE) o el Tribunal Constitucional, organismos que consideró parcializados a favor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se pueda dar solución a la crisis del PRD. El jurista expresó que si bien la crisis se expresa ahora en el PRD, en Participación Ciudadana “estamos muy preocupados por la crisis. Es una crisis que tiene el sistema de partidos en República Dominicana” como resultado del clientelismo que está arropando la actividad política.

“Está bueno de que los resultados electorales se ganen a puro clientelismo”, manifestó Álvarez.

Entrevistado en el matutino “El Bulevar con Pablo McKinney”, por CDN 37, Álvarez pidió a Miguel Vargas Maldonado y a Hipólito Mejía, cabezas de los dos grupos en disputa por el control del PRD, que entiendan que prolongando la crisis ninguno de los dos va a ganar algo.

“La solución debe venir de las bases del PRD. Que se anticipe la convención que debe renovar la dirección del PRD”, manifestó el coordinador nacional de Participación Ciudadana.

Álvarez consideró que tanto Vargas Maldonado como Mejía deben ceder a un nuevo liderazgo o dejar que sean las bases que decidan quienes serán sus dirigentes.

Adelantó que Participación Ciudadana no tiene inconvenientes en participar en alguna comisión integrada por distintas entidades de la sociedad civil para buscar una solución a la crisis partidaria.

“Si se adelanta la convención, que sería la solución política más adecuada, estaríamos en disposición de observar esa convención para que las bases decidan quienes serán sus dirigentes”, apuntó el dirigente cívico.

Indicó que “es muy importante que Hipólito Mejía y Miguel Vargas entiendan que prolongar esa crisis es un peligro para la democracia”, porque a su juicio deja el campo abierto para que un solo partido y un solo líder dominen.

Al expresar que la crisis no es solo exclusiva del PRD, Álvarez señaló que también afecta al PLD porque los organismos no se reúnen y predomina la opinión de una sola persona: el presidente Leonel Fernández.

Opinó que en el Comité Político del PLD opera un sistema patrimonialista donde el gobernante acomoda a gran parte de los miembros y se gana su lealtad por agradecimiento, no por trabajo y méritos políticos.

Gobierno de Danilo Medina

Cuando se le preguntó cómo espera que sea el nuevo gobierno del PLD encabezado por Danilo Medina, Álvarez expresó que tiene “una altísima expectativa con Danilo Medina” porque se ha comprometido a cumplir con el 4% a la educación e imponer la transparencia en la Administración Pública.

Citó que Medina firmó un protocolo con Participación Ciudadana en el que se compromete a que el gobierno dispondrá de una cuenta única del Tesoro en el plazo de 120 días.

“Danilo se ha comprometido a eliminar las duplicidades” de entidades públicas, a racionar el gasto y a establecer la carrera diplomática. “Estoy convencido de que Danilo Medina va a cumplir ese protocolo”, puntualizó.

Igualmente Álvarez consideró “muy mal que legisladores dejen sus cargos para ir a ser funcionarios. Eso es una caricatura de democracia. Si el pueblo votó por un senador, ese senador debe permanecer allí”.

Renuncia de Javier Cabreja

Con relación a la renuncia de Javier Cabreja como director ejecutivo de Participación Ciudadana, Álvarez aclaro que no es el resultado de contradicciones sino que llevaba 1 años en la posición y pidió salir para cumplir otros propósitos profesionales.

Dijo que Cabreja continuará en Participación Ciudadana como miembro voluntario de la Comisión de Análisis Político, pero al dejar la Dirección Ejecutiva, le fue aceptada su renuncia porque “él merece explorar otros rumbos”.

PC fija posici�n ante crisis del PRD y de otros Partidos

2012-07-04 10:48:08

La crisis por la que atraviesa el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) es el inevitable resultado de un proceso de descomposición institucional de la sociedad, que afecta particularmente el funcionamiento del sistema de partidos, corporativizados dentro de una concepción del Estado como botín a ser repartido.

La división del más antiguo partido del país podría convertir la crisis del sistema partidista en una crisis de la democracia dominicana en virtud de la extrema concentración del poder, no solo en un solo partido político, sino especialmente en el grupo hegemónico encabezado por el Presidente Leonel Fernández, a quien se le atribuye la intención de continuar un proyecto de dominación política de largo alcance.

Asistimos a un progresivo debilitamiento de los partidos políticos, incluyendo al que ejerce el poder, donde los órganos ejecutivos han sido sustituidos en gran medida por el liderazgo del primer mandatario, quien distribuye favores con un manejo patrimonialista del Estado. Ese dominio será puesto a prueba cuando asuma el poder el presidente electo, licenciado Danilo Medina.

El liderazgo concentrador del presidente Fernández y su capacidad para repartir el patrimonio público han debilitado su propio partido, haciéndolo depender cada vez más de las alianzas con múltiples grupos satélites enquistados en organismos públicos que les dan vida mediante el acceso a millares de empleos, canonjías y favores.

El tercer partido del sistema, el Reformista Social Cristiano, ha devenido en un satélite más, dividido y segmentado en la medida en que el reparto no ha alcanzado para todos sus dirigentes. Despojado de su personalidad e identidad, el PRSC es una especie en extinción que se mantiene artificialmente en virtud del aliento estatal.

El PRD acusa los efectos de ese proceso de descomposición, ya que gran parte de su dirección participa de la misma concepción patrimonialista y clientelista de la política, tanto como de los intentos de instrumentalización por parte de quienes han controlado el poder en los últimos tiempos, presa fácil por su incapacidad para renovarse y ejercer internamente la democracia, con organismos hipertrofiados e inoperantes.

La actual crisis perredeísta tiene origen en la progresiva debilidad institucional de ese partido, pero también en la campaña interna que concluyó con la elección del agrónomo Hipólito Mejía como su candidato presidencial. Quedó patente ante el país que las fuertes discrepancias con su contrincante en la campaña interna, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se agravaron en la campaña electoral. Todo indica que tanto la negativa del Ingeniero Maldonado a conducir su partido en la campaña electoral, haciendo inoperantes por falta de convocatorias los organismos de dirección, así como las debilidades que evidenció el candidato presidencial, fueron factores relevantes en el resultado electoral del PRD y en la profundización de la crisis que hoy padece.

Son esos los factores que han dividido el PRD dejándolo expuesto a un largo proceso de desgaste, por la inoperancia de sus organismos internos y la inexistencia de un arbitraje electoral externo con imparcialidad y legitimidad suficiente para ejercer un papel regulador.

La crisis del PRD puede comprometer el proceso democrático dominicano, facilitando aún más la concentración del poder y exponiendo a la nación a decisiones unilaterales sobre cuestiones fundamentales para la institucionalidad, la gobernabilidad así como para la resolución de importantes cuestiones relativas al desarrollo económico y social de la nación. Lo anterior cobra particular relevancia cuando se tiene en cuenta que están pendientes fundamentales reformas fiscales y rectificaciones del modelo de desarrollo económico, y de las prioridades de inversión.

La democracia requiere de partidos políticos fuertes, institucionalizados, capaces no sólo de contender, sino también de proponer. A pesar de que el nuevo gobierno representa sólo poco más de la mitad del electorado nacional y la otra mitad votó por las opciones de oposición, no cabe duda de que una mayoría de dominicanos y dominicanas reclama fundamentales rectificaciones en las políticas públicas, pues hasta el candidato del partido oficial tuvo que asumir un discurso de cambio. En este contexto es importante que la democracia funcione en todos los partidos para permitir que esta expresión de cambio se convierta en realidad.

En lo inmediato la crisis del PRD parece depender del arbitraje del Tribunal Superior Electoral, una instancia que no escapó al proceso de concentración del poder por parte del presidente Fernández, y al reparto con el PRD presidido por Vargas Maldonado.

Resulta muy difícil que el conflicto político existente en el PRD pueda solventarse a través de decisiones del Tribunal Superior Electoral, que por el contrario pueden conducir a ese partido en el menos grave de los casos a una división, por lo que lo deseable es que ambas partes en conflicto pongan en manos de las bases del partido la decisión, anticipando para este mismo año la Convención que deberá renovar su dirigencia y que está pautada para el próximo año.

El PRD no podrá superar esta crisis sin una profunda renovación institucional y de su liderazgo, que se sitúe por encima de Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, restaurando la democracia interna y recuperando el diálogo y la conexión con el resto de la sociedad.

Toda la sociedad dominicana debe seguir con atención la crisis del PRD y reclamar de los poderes públicos actuaciones que no dejen lugar a la sospecha de arbitrariedad con fines de dominación y restricción de la aún adolescente democracia nacional.

Participación Ciudadana ha sostenido como esencial el fortalecimiento de los partidos políticos como instrumentos fundamentales de la democracia y sistemáticamente ha abogado por su progresiva institucionalización. En ese orden, la suerte del partido que más votos obtuvo en la última contienda electoral no puede ser indiferente para nadie.

Consejo Nacional
Miércoles 4 de julio 2012

Javier Cabreja niega que vaya a trabajar con Danilo

2012-07-02 17:05:45

El renúnciate director Ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, atribuyó este viernes a pura especulación que su renuncia se deba a que ha recibido oferta para formar parte del gabinete del gobierno que presidirá Danilo Medina.

Tras la renuncia circularon los rumores de que la renuncia de Cabreja se produjo porque alegadamente ocupará un cargo en el gobierno que se instalará el próximo 16 de agosto.

Cabreja dijo que no existe ninguna oferta para integrar el gabinete del próximo gobierno y agregó que tampoco está en sus planes.

Indicó que su renuncia estaba motivada desde hace un año y en lo adelante se dicará a atender proyectos personales.

Manifestó que deja el cargo con la satisfacción del deber cumplido y recomendó a quien le sustituya, continuar con el fortalecimiento institucional del país.

Cabreja recordó que ha Participación Ciudadana la han querido descreditar con campañas negativas, ligándole a partidos políticos y sectores económico, pero afirmó que uno de los momentos más difícil fue la reciente lucha con la Junta Central Electoral cuando intentó
descalificar a sus observadores electorales.

Cambio en la direcci�n ejecutiva de PC

2012-06-29 10:17:06

Participación Ciudadana informa a la opinión pública que ha aceptado la renuncia del Lic. Javier Cabreja a su posición de director ejecutivo, y que la misma entrará en vigor tan pronto concluya el concurso público que se abrirá en los próximos días para contratar a una persona para esa posición.

Cabreja ha desempeñado con notable éxito sus funciones desde hace más de diez años hasta convertirse prácticamente en la imagen que identifica a la organización y que por su excelente trabajo en Participación Ciudadana, todos sus miembros, voluntarios y el personal del equipo técnico, se sienten altamente orgullosos.

Javier Cabreja no se desvinculará de Participación Ciudadana y continuará su trabajo como voluntario, posición con la que se inició en la institución, aportando su talento y dedicación como miembro de la Comisión de Análisis Político.

Como persona talentosa, el Lic. Cabreja ha decidido retomar algunos proyectos personales que poseía antes de asumir la Dirección Ejecutiva, así como otras oportunidades que ha estado explorando, iniciativa que todos los miembros de la organización apoyarán en el camino que decida emprender, con la plena confianza de que tendrá el mismo éxito que ha tenido en el desempeño como Director Ejecutivo.

En los próximos días Participación Ciudadana dará a conocer los términos del concurso público que llevará a cabo para seleccionar a la persona que ocupará la Dirección Ejecutiva, para lo cual ha contratado la asesoría de la empresa About HR de la consultora Teresa Espaillat.

Consejo Nacional
28 de junio de 2012

PC sugiere Danilo Medina renovar gabinete gubernamental

2012-06-04 12:18:48

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, considera que el Presidente electo, Danilo Medina, debe atender al llamado de diversos sectores de la sociedad dominicana para que conforme un gabinete renovado con personas que generen suficiente confianza y credibilidad.

Cabreja estima que llevando caras nuevas al tren gubernamental que asumirá el próximo 16 de agosto, el licenciado Medina enviaría un claro mensaje a la población de que tiene la voluntad de realizar los cambios que se requieren en el país.

“De manera que consideramos importante este llamado que hacen diversos sectores de la población, de la necesidad de que el Presidente electo mande una señal de que está en disposición de realizar los cambios que requiere el país”, enfatizó el director ejecutivo de Participación Ciudadana (PC).

Sostiene que sería un error que se confirmara o reubicara a funcionarios que llevan ocho años en el tren gubernamental, muchos de los cuales no gozan de la confianza y credibilidad de gran parte de la población dominicana.

En términos similares se expresó la semana pasada el coordinador general de PC, Francisco Álvarez Valdez, quien favoreció el planteamiento que hacen representantes de diversos sectores, incluyendo el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, para que el gabinete del Presidente electo esté integrado por caras nuevas. Álvarez Valdez valoró la decisión del Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, de renunciar con efectividad el 16 de agosto próximo, aunque en realidad todos los funcionarios cesan en esa fecha.